José Manuel Rodríguez, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), dejó de lado su bajo perfil y ayer habló con la prensa para negar que el organismo tenga intención de expropiar los 1.216 inmuebles declarados bienes de interés cultural en el municipio Libertador y publicados hace un mes en Gaceta Oficial.

"No vamos a expropiar esos bienes. Se declaran patrimonio para que la gente los preserve, los cuide, conozca de su valor histórico, arquitectónico, tradicional, para que no los derriben. Deben informar al instituto sobre las ventas y solicitar autorización si los van a intervenir. Nos interesa que sus propietarios hagan vida en ellas. Para nada estamos interesados en comprarlos o expropiarlos, no está planteado", aclaró Rodríguez.

El funcionario, quien también es viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, considera que no existe ningún fundamento para pensar que el Ejecutivo tomará estos bienes (que incluye sedes de medios de comunicación, colegios, iglesias, urbanizaciones, edificios).

"La oposición ha inventado eso y armó una controversia innecesaria. Por cierto, aclaro que quienes viven en apartamentos de edificios patrimoniales no tienes que notificar de la venta al IPC. Eso se haría en el caso de que se venda todo el edificio". aclaró Rodríguez.

El funcionario explicó que el registro de bienes de interés cultural constituye una prioridad para la institución, debido a que es un mandato de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.

"Esta legislación data de 1993. La hizo el Congreso de esa época. No la inventó la revolución. Estamos cumpliendo con ordenar el patrimonio en catálogos de cada municipio. Es un censo permanente", dijo.

Según Rodríguez, cuando asumió el cargo en el año 2003 sólo había un censo de 610 bienes culturales. En la actualidad, la lista pasa los 80 mil bienes culturales en todo el país.

Derecho limitado Octavio Sisco, consultor jurídico del IPC, contestó al Colegio de Abogados de Caracas, cuya directiva aseguró que la declaratoria limita el derecho a la propiedad privada. "Todos los derechos son relativos y limitados. La excepción es el derecho a la vida. Los abogados deberían revisar entonces las ordenanzas, la Ley de Propiedad Horizontal para que se den cuenta de que hay limitantes. Lo que quiere el IPC es saber quiénes son los dueños de los patrimonios", aseguró.

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