La regla constitucional determina que las personas deben ser juzgadas en libertad a menos que se presuma, con pruebas, que existe peligro de fuga o alta peligrosidad comprobada. Sólo con sentencia condenatoria, después de un juicio con todas las garantías procesales que permitan el ejercicio del derecho a la defensa (alegar y probar en contrario a lo que se le imputa), es que puede ordenarse la privación de la libertad de un ciudadano.

No ha sido así en los casos de los presos políticos. Desde los once trabajadores de la Alcaldía Metropolitana que por el simple hecho de marchar hacia el TSJ a introducir una acción para que se le devolviera a esa institución los recursos que le fueron arrebatados y de los cuales depende el pago de sus salarios y la conservación de sus puestos de trabajo, hasta el caso de los comisarios y demás funcionarios de la Policía Metropolitana que están detenidos desde el inicio del juicio, han estado inconstitucionalmente privados de su libertad.

Ningún antiguo defensor de los Derechos Humanos de los que ahora militan en el PSUV o en el chavismo en general, ni la Defensora del Pueblo, se han pronunciado sobre las constitucionales normas que establecen la presunción de inocencia y el debido proceso. Me refiero a aquellos que durante la mal denominada cuarta república dedicaron años a alzar sus voces en contra de los excesos en el ejercicio del poder, que condenaban los abusos policiales y judiciales y las persecuciones políticas y la violación de derechos constitucionales. Esos que en muchos casos de los que ellos denunciaban tenían completa razón y que ahora o guardan total silencio o, algunos hasta escriben o declaran a favor de estos procesos.

La falta absoluta de coherencia devela la ausencia de verdaderos principios. Como antes gobernaban adecos y copeyanos, la denuncia de violaciones y abusos era su forma de hacer política. El objetivo no era defender los derechos humanos de nadie sino menoscabar la credibilidad del antiguo sistema y exponerlo como violador de derechos. Ahora, luego de logrado su objetivo político, los Derechos Humanos les importan un comino, no hablan de eso. Por el simple hecho de estar gobernando Chávez, no ven ninguna de las violaciones constitucionales que se siguen cometiendo, no ven ninguno de los abusos en el ejercicio del poder que antes denunciaban y gritaban a los cuatro vientos. Esta actitud contradictoria demuestra que en el pasado usaron a los presos políticos para sus fines personales, para hacerse un nombre público, para destruir el sistema y no para mejorarlo. Alcanzados esos fines personales, dejaron de ser defensores de los derechos humanos de los presos políticos.

Se reformó el sistema judicial comenzando la revolución chavista, se destituyeron a cientos de jueces porque supuestamente eran parte de mafias económicas y políticas, que protegían a los corruptos y mantenían en juicio y privados de su libertad a luchadores sociales y políticos ejecutando una persecución judicial. Se les dijo que liberaban a los delincuentes, choros, traficantes o asesinos, por sumas de dinero previamente tarifadas. ¿Qué se tiene hoy a varios años de esa reforma?, ¿pueden decir aquellos duros críticos de antes que tenemos un sistema judicial autónomo y con jueces incorruptibles? No dicen nada. Saben que basta una orden presidencial, pública o privada, para que se inicie de inmediato una persecución judicial contra quienes hagan oposición al gobierno, y no dicen nada.

En Baruta (por señalar cifras que conozco bien) entre enero y septiembre de este año se atraparon a 1.100 delincuentes en flagrancia, es decir, cometiendo delitos. Fueron entregados a las autoridades judiciales. Estas autoridades liberaron al 80% de los detenidos en flagrancia; esa inmensa cantidad de delincuentes atrapados robando autos, apartamentos o negocios, siempre armados, sí fueron devueltos a las calles para que continúen cometiendo delitos contra la población. Ese mismo Poder Judicial, en contrario, mantiene detenidos a los presos políticos en juicios interminables como si fueran individuos de altísima peligrosidad. A ellos no se les otorgan los beneficios procesales que sí se les otorgan a tantísimos delincuentes que sí son juzgados en libertad a pesar de su altísima peligrosidad. La prisión preventiva se ha convertido en la regla de los perseguidos políticos del gobierno y el juicio en libertad es la regla para los verdaderos delincuentes.

Basta de excusarse en cómo era en la cuarta república. En esta quinta el enfermo empeoró. Lo de antes era malo, lo actual es peor. Delincuentes: contad con la libertad aun cuando seáis culpables; presos políticos: contad con la cárcel aun cuando seáis inocentes. Así estamos.

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