A principios de este mes de octubre el Tribunal Constitucional de Italia anuló una ley conocida como "Ley Alfano", cuya finalidad era establecer un conjunto de normas que garantizaran la impunidad del primer ministro, Silvio Berlusconi. Cuando se afirma que se procuraba la impunidad no se exagera: la ley prohibía que se le siguiera juicio alguno. El hecho, aberrante en sí mismo, es aún más grave si se toma en cuenta que ya existían juicios o averiguaciones -en algunas ha salido absuelto y otras siguen en curso- por sobornos, compra fraudulenta de acciones para apoderarse de la editorial Mondadori, negocios turbios en la compra y venta de películas por empresas de su propiedad, pago a un abogado inglés para que rindiera falso testimonio ante un tribunal, evasión fiscal, además de algunas menudencias según las cuales habría utilizado dineros y propiedades públicas para disfrutar de favores sexuales.

Un Parlamento sumiso y cómplice abrió las puertas a una ley que sustraía de todo control nada más y nada menos que al primer ministro. Nicoló Ghedini, el redactor de la norma, llegó a afirmar que "la ley es igual para todos, pero no siempre lo es su aplicación"(¡!), indicando además que Berlusconi está "por encima" de sus conciudadanos dada su responsabilidad ejecutiva (El País 06.10.09). En otras palabras, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley no tienen razón de ser.

Las andanzas de Berlusconi y la alcahuetería del Poder Legislativo italiano son, sin lugar a dudas, un espejo de sus equivalentes venezolanos. Si bien en nuestro país no se ha llegado todavía a una propuesta legislativa tan descarada como la italiana, todos los actos de la mayoría parlamentaria nacional van dirigidos a blindar el ejercicio del poder presidencial.

No obstante, Berlusconi ha tenido quien le ponga freno. La Fiscalía, liderada por un fiscal independiente, institucional y valiente solicitó la nulidad de la monstruosa ley y un Poder Judicial autónomo declaró con lugar la solicitud y, además, aguantó todas las presiones, descalificaciones, abusos y hasta intromisiones en la vida privada en algunos casos. He allí la radical diferencia con nuestra situación. La subordinación de la Fiscalía y del Poder Judicial venezolano al capricho presidencial no sólo es evidente e impúdica, sino que se ha convertido en la mejor garantía para la impunidad gubernamental. Los abusos de los gobernantes son tentación universal que sólo tiene freno en jueces y fiscales íntegros e impermeables a presiones.

El desmantelamiento institucional ha sido el más terrible de los daños que ha sufrido Venezuela en estos 10 años y la prueba la tenemos no sólo en todas las calamidades que el país ha sufrido por el solapamiento de poderes sino en la lección que ha dado al mundo el Tribunal Constitucional italiano. La independencia de poderes y, especialmente, una Fiscalía y un Poder Judicial sólidos y autónomos son la única defensa y esperanza frente a los autoritarismos contemporáneos.

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