Madrid.- El Senado español aprobó ayer una iniciativa por la que se insta al Gobierno a que interceda ante las autoridades venezolanas para que se respeten los derechos fundamentales de los opositores en los procesos penales en su contra.

La moción de los senadores vascos fue defendida por Iñaki Anasagasti y aprobada por 132 votos a favor -los del Partido Popular, PNV y CiU-, 114 en contra y una abstención, dijo Efe.

Anasagasti insistió en que el objetivo de esta iniciativa es defender los derechos humanos allí donde son conculcados, como se hace en países como Venezuela, con los que España mantiene una buena relación.

Así, recordó que en los procesos judiciales contra opositores políticos, líderes sociales, empresarios, profesionales, periodistas o estudiantes se produce una "clara quiebra" de los derechos a la defensa. Esto se debe al "deterioro" del funcionamiento de las instituciones judiciales en Venezuela, donde "se utiliza la justicia para perseguir a los opositores, cuyos más elementales derechos procesales son ignorados".

Recordó que jueces y fiscales de ese país "reciben rutinariamente el encargo" de imputar cargos criminales contra objetivos políticos del Gobierno y que sus víctimas son difamadas en los medios y detenidas arbitrariamente mientras se vulneran reiteradamente sus derechos.

Opinión que comparte el senador del PP, Dionisio García Carnero, quien subrayó que en Venezuela hay un verdadero régimen dictatorial, aunque se disfrace de democrático, porque su presidente, Hugo Chávez, controla los poderes públicos, algo que impide que haya un verdadero Estado de Derecho.

El senador Joan María Roig, de CIU, respaldó también la iniciativa por entender que, ante "flagrantes injusticias", "no se puede mirar hacia otro lado" y que es "inaceptable" que el Gobierno venezolano utilice para sus intereses el Poder Judicial. Moción rechazada

La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, rechazó la moción aprobada por el Senado español y exigió respeto para las instituciones y el ordenamiento jurídico venezolano.

"La moción aprobada es en la práctica el ejercicio irracional de una suerte de juicio público", señaló Flores a través de un comunicado en el que además recordó que "el Senado español no tiene competencia para tomar decisiones de esta naturaleza ni para evaluar los procesos penales de otros estados y (...) está bastante desinformado acerca de las libertades que gozan todos los venezolanos.