Libre, en verdad, es un país en que los ciudadanos gocen de una protección efectiva en relación con su derecho a la vida, integridad física y psicológico-moral, autonomía y riqueza.

Resulta, empero, que hay una oprobiosa tiranía que del modo más absoluto y violento conculca tales derechos: la criminalidad. Ello acaece en muchos países. También en Venezuela. Y como el Gobierno interésase en algunos proyectos tecnológico-científicos realmente importantes y valga como ejemplo el recién inaugurado Centro Nacional de Medicina Genética, deseo someter al juicio de expertos una fórmula ya usada por varios países del "primer mundo": la base de datos genéticos o de ADN para la identificación de criminales.

En la lucha contra el crimen es un arma muy eficaz esa base; pero hay que tomar muestras y ello genera vacilación porque si a veces es simple pues basta con sudor, cabello, caspa y hasta una lágrima; otras veces es complicado y supone violentar derechos esenciales a la privacidad. El tema es que los criminales también violentan y con máximo desprecio a sus víctimas, quienes así mismo tienen derecho a la pesquisa e identificación de sus verdugos y a ser resarcidos. Derecho que junto a las víctimas también tiene la sociedad porque, en palabras de Hegel, cuando el delito vulnera los derechos de un particular, ipso facto vulnera los de toda la colectividad pues no es atomizable. Nunca se insistirá lo bastante en que no hay derechos absolutos y, por lo tanto, aun los derechos humanos pueden ser sacrificados en aras de otros derechos que, al colidir con los primeros, supéranlos por tener más entidad en la debida ponderación para saber cuál de los derechos antagónicos habrá de primar. En el trance de la lucha contra el crimen es la eterna cuestión de "pro reo" o "pro societate" y debaten los partidarios de las tesis enfrentadas.

Aquellos países más desarrollados han creado bases de datos limitadas a por ejemplo sólo criminales; pero ninguno se ha atrevido a crearlas con los datos de todo el universo de sus nacionales, que bien podrían negar su asenso a la propuesta y negarse a que se les tomen las muestras respectivas. ¿Podría el Estado exigir a la ciudadanía que sin excepción se sometiera a tales exámenes extractivos? ¿Y por qué no? A este punto hay que oír a los especialistas para que opinen si la base de datos en referencia debe ser filiada en las medidas para luchar contra los delincuentes. O que digan si no creen necesario el tomar medidas y por qué.

De la exigencia extrema a todos los ciudadanos puede hacerse una matización a todos los hombres (en buen porcentaje monopolizan la violencia criminal) o a todos los delincuentes (por lo común van de menos a más en materia delictiva) o a todos los delincuentes violentos.

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