Una lista de 1.216 bienes de interés cultural publicada en Gaceta Oficial encendió los rumores de intervenciones a la propiedad privada en Libertador. En el inventario, declarado por el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), aparecen colegios públicos y privados, calles, avenidas, urbanizaciones enteras, casas, edificios, árboles, iglesias, cines, teatros, hospitales, parques, hoteles, plazas, paseos y quintas.

La lista fue elaborada entre los años 2004 y 2007. El libro que los compila fue bautizado en septiembre del 2008 por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, fue la aparición en la Gaceta lo que alteró a usuarios, propietarios, arrendatarios y curiosos.

El hecho de que un inmueble figure en la declaratoria implica que las modificaciones de la estructura deben ser informadas al IPC y pueden ser paralizadas, en caso de que se inicien sin autorización del organismo.

En el colegio San José de Tarbes de El Paraíso, por ejemplo, no comprenden qué significa la declaratoria. "Nadie nos ha explicado cómo nos afecta, qué tenemos que hacer o qué no podemos hacer. Los representantes nos han preguntado y no sabemos qué decir", dijo Rebeca Matute, coordinadora general.

Los colegios La Salle La Colina, Cristo Rey, La Concepción, de Montalbán, El Carmelo, Fray Luis de León y Nuestra Señora de Lourdes aparecen entre otras decenas de planteles con interés arquitectónico o histórico.

Roberto Dorta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, explicó que la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (que data de 1993) establece restricciones a la propiedad privada. Sin embargo, no impide la venta.

"Hemos manejado casos de personas que viven en edificios patrimoniales y solicitan un permiso al IPC para modificar la fachada. Han dado la autorización en dos semanas. Lo que yo sugeriría es que el Gobierno ayude a preservarlos", dijo.

Para el abogado José Rafael Lovera, la Gaceta deja en estado de indefensión a los usuarios. "No hay una definición clara de bien de interés cultural. Si tengo un inmueble y me parece que no es patrimonio, no tengo un parámetro para argumentarlo. La Ley tiene fallas de técnica legislativa y deja mucho a la discrecionalidad administrativa. Esto puede prestarse para interpretaciones de todo tipo", dijo. Manipulación

Hannia Gómez, presidenta de la Fundación de la Memoria Urbana, quien hizo sugerencias al IPC para la lista patrimonial, cree que los temores se vinculan al sector de la construcción. "La declaratoria se ha hecho en todos los municipios y no se armó esta bola de rumores. Creo que quieren generar miedo en la gente para que venda sus propiedades de valor arquitectónico, que no estan en la lista, a precios de gallina flaca y así poder demoler como quieran", afirmó.