Apenas se supo de su existencia y en menos de una semana se decidió su suerte: a la gaveta, por ahora. Ahí quedará el trabajo de la comisión de diputados que investigó las denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes de la policía del estado Monagas y que entre sus conclusiones asoma la responsabilidad política del gobernador José Gregorio Briceño.

Fue sencilla la sucesión de eventos: el viernes 9 de octubre El Universal publicó declaraciones del parlamentario Reinaldo García (PSUV-Caracas) comentando parte del contenido del documento y advirtiendo sobre la responsabilidad del "Gato" Briceño. La misma reseña da cuenta de la reunión que sostuvo el gobernador Briceño -el 8 de octubre- con el presidente de la Comisión de Política Interior, Tulio Jiménez (PSUV-Miranda), y recoge algunas de sus palabras: "Si un policía mata a una persona yo no me puedo hacer responsable. ¿Cómo controlas a 3.300 efectivos? Las responsabilidades penales son individuales".

Y el jueves 14 de octubre el diputado Jiménez explicaba a este diario que la comisión que preside aún no había "considerado" el informe, que no estaba planteada ninguna sanción contra Briceño y que se encuentran tan copados de trabajo que no se vislumbra una fecha próxima para ocuparse de este caso de violaciones de los derechos humanos. Monagas, entonces, quedó en la cola.

Lo que dice

Muy largo no es el texto del informe. Pero, aunque con la habitual deficiencia en la calidad de la redacción, es claro en sus conclusiones.

Para quienes llegan tarde a esta historia, conviene recordar que este asunto comenzó el 9 de marzo cuando el diputado Santana Figueroa presentó a la Comisión de Política Interior un conjunto de denuncias contra funcionarios de la policía de Monagas, cosa que motivó la creación de un combo investigador integrado por Reinaldo García, Tomás Sánchez, Xiomara Mogollón, Edgar Lucena y por sus colegas del bloque parlamentario de ese estado, Manuel Villalba, Luis Díaz, Santana Figueroa, Marelis Pérez Marcano, Jesús Domínguez y Giraldot Cabello.

Si bien se dice que hay más de 60 casos denunciados que involucran a agentes policiales de la región, la comisión centró sus indagaciones en uno en particular: los asesinatos de Rodolfo José Sánchez (28 años) y de Darwin Fernández (27), ocurridos la noche del 11 de enero de este año. Por este doble homicidio hay cuatro agentes imputados, incluyendo a Lisandro Jaramillo, el entonces director de la policía de Monagas y a quien testigos señalan como el autor de los disparos que acabaron con las vidas de estos jóvenes. A Jaramillo, por cierto, lo capturaron en el aeropuerto de El Vigía, en Mérida.

Los primeros cuatro puntos de la lista de conclusiones del llamado "Informe final para conocer los hechos y denuncias en contra de la policía del estado Monagas" confirman la participación de los agentes en estos crímenes y ratifican las medidas tomadas por la Fiscalía Undécima de la región.

El punto 6 dice así: "Queremos señalar como un hecho de indiscutible relevancia que durante la realización de las respectivas interpelaciones se hicieron presentes otros familiares con distintas denuncias y que han sido víctimas presuntamente de las actuaciones de los cuerpos policiales del estado Monagas, dentro de los cuales podemos mencionar, los ajusticiamientos en la población de Paramán de Urica, donde aparecieron muertos cinco (5) ciudadanos de la población de Punta de Mata (...), el caso del joven Caicareño Ronald Fuentes Llaraza, asesinado; caso Gabriel Ochoa Maurera, estudiante de Medicina, de veinte (20) años de edad, donde se señala al hoy director de la policía del estado Monagas comisario Luis Galbán, actualmente imputado por este hecho, y por último el caso del señor Luis Rivas, chofer del ex secretario de Seguridad Ciudadana Wuilliam (sic) Núñez, entre otros".

Los diputados "encontraron" irregularidades en el cuerpo policial que venían siendo denunciadas desde hacía ya algún tiempo: que el jefe de los uniformados, comisario Luis Galbán, "se encuentra investigado por varios hechos punibles e imputado por homicidio"; que el comisario William Tabata Romero "se encuentra imputado por delitos de abuso de funciones"; que el jefe de motorizados de la policía, Carlos Pérez, "se encuentra imputado por delitos de abusos de funciones" y que el ex secretario de Seguridad Ciudadana, William Núñez, fue designado en el cargo aunque la Asamblea Nacional había establecido previamente su responsabilidad política por violación de derechos humanos.

Aquí, a juicio de los parlamentarios, hay responsabilidad del gobernador José Gregorio Briceño, "quien por omisión ha permitido que todo esto ocurra".

El punto 8 de las conclusiones recomienda lo obvio: "que debe aplicarse todo el peso de la Ley sobre los responsables directos de este bochornoso hecho que enlútese (sic) a dos (2) familias venezolanas". Y también insiste en la depuración de los cuerpos policiales y en no dejar a un lado la responsabilidad política de las "principales líneas de mando" de la policía del estado, comenzando por la figura del gobernador Briceño, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Marlene Salgar y el comisario Luis Galbán, "pues el desconocimiento y la omisión no excusan el cumplimiento de la ley, transformándose esto en un delito que debe ser sancionado".

No hay prisa

En su página 8, el informe resume expresiones de los propios diputados durante las entrevistas en Monagas en las que señalan, por ejemplo, que la secretaria de Seguridad Ciudadana nombrada por Briceño, Marlene Salgar, estaba inhabilitada por la Contraloría General de la República y que la Gobernación contrató al abogado Ramón Salgar -hermano de Marlene- para defender al comisario Lisandro Jaramillo, imputado y detenido por el asesinato de los jóvenes José Sánchez y Darwin Fernández.

Jaramillo, de paso, ha permanecido más tiempo hospitalizado que en prisión, alegando problemas mentales y de hipertensión que la Fiscalía de Monagas no considera -de acuerdo con evaluaciones médicas- como razones suficientes para no cumplir con el encierro. El costo de su estadía en clínicas de Monagas ha sido pagado, señalan, con cheques de la Gobernación y se habla de una factura que estaría en manos de los diputados "que tiene que ver con 43 millones 794 mil con 15 bolívares fuertes".

Las recomendaciones, por su parte, tienen implícito un carácter de urgencia que no parece haber sido advertido por la Comisión de Política Interior, que es la instancia que debe discutir el informe antes de su pase a la plenaria.

Allí se aconseja, "en aras de garantizar la transparencia en la investigación y el respeto a las víctimas", que todos los funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos y crímenes sean suspendidos o separados de sus cargos.

Y también que se produzca de inmediato una intervención "real" de la policía del Estado Monagas: "son innumerables el número de denuncias (sic) en contra de esta gestión por violación a los derechos humanos, lo más delicado aun es que aparentemente la policía está supuestamente intervenida pero se desconoce de las resultas de esta medida, en tal sentido exhortamos respetuosamente a que esta honorable presidencia considere y evalúe el clamor de justicia de todas estas víctimas y sobrevivientes de atropellos y violaciones de derechos humanos por parte de este cuerpo de seguridad del Estado, sin menoscabo de decretar la responsabilidad política sobre el ciudadano gobernador José Gregorio Briceño".

Si así dibujan el panorama, ¿por qué el informe quedará en "ya veremos cuándo"?

"Eso ya está en manos del diputado Tulio Jiménez", aclaró el parlamentario Reinaldo García. Optimista, García es de los que piensa que las cosas tienen su ritmo: "Eso está en cola. Tenemos casos de Lara, Cojedes, Yaracuy, del paramilitarismo. Cada día llegan casos nuevos que también son prioridad. Hay que hacer las deuncias, señalar a los responsables. Todos los informes se discuten. Tarde o temprano". Será.

ommedina@eluniversal.com