"Eso obviamente está pendiente y tenemos que discutirlo", dice Edgar Lucena, uno de los miembros de la comisión de diputados que investigó las denuncias contra la policía de Monagas a propósito del informe elaborado por ellos: "El caso no se ha cerrado todavía. Debe discutirse, pero Tulio Jiménez es quien hace la agenda de la Comisión de Política Interior y en sus manos queda entregarlo a la plenaria".

Algunas versiones recogidas entre diputados del bloque de Monagas y medios en Maturín señalan que los familiares de las víctimas, que tantas expectativas tenían tras la visita de la comisión de la Asamblea Nacional, recibieron con evidente molestia la noticia de que el documento deberá esperar un tiempo indefinido para su discusión. Y se habla de que quizás organicen una visita a Caracas en un intento por presionar a los parlamentarios.

Otra especulación apunta que dentro de la Comisión de Política Interior ya hay seis votos asegurados para aprobar el informe y una eventual sanción política contra el gobernador José Gregorio Briceño.

Pero, de momento, eso es mero rumor, desmentido además por Tulio Jiménez, quien aseguró que está descartado, de antemano y sin haber evaluado el texto presentado por sus colegas, sancionar al mandatario local. En realidad, al ser consultados, los diputados se cuidan de hacer señalamientos comprometedores: nadie quiere encender la chispa de una pelea entre rojos.

Con todo y que Reinaldo García, el coordinador de la comisión investigadora, declaró la semana pasada que en lugar de depurar al cuestionado cuerpo policial de Monagas, el "Gato" Briceño se ha dedicado a calificarlo de "malandro" a través de los medios de comunicación regionales.

Algunos de estos prudentes hasta recomiendan visitar Maturín para conocer de primera mano las reacciones de las personas que han denunciado los presuntos abusos policiales: "Esto aquí se está poniendo candela". Pero nada más.

García, de momento, insiste en tres puntos de su informe: en la necesidad de depurar la policía de Monagas, reestructurarla y cuidar de no uniformar ni armar a personas con antecedentes penales. Sobre la posible sanción contra Briceño, aclara: "Es parte de la discusión pendiente establecer la responsabilidad o no del gobernador. Pero el artículo 164 de la Constitución es claro y determina quién es responsable de organizar y administrar las policías regionales".