Por segunda vez en menos de un año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desafía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ayer, la presidenta del máximo juzgado, magistrada Luisa Estella Morales, dejó en claro que no acatará la orden que en julio pasado le girará el organismo hemisférico, para que reincorporara a la abogada María Cristina Reverón a su cargo de juez de Primera Instancia Penal y para que les diera a los jueces provisorios las mismas garantías de estabilidad de que gozan los titulares.

"Es inaceptable y no podemos permitir que la Corte nos esté dictando normas disciplinarias y de formación de jueces cuando las tenemos en nuestro Derecho interno. Así como nosotros respetamos los tratados internacionales ellos deben respetar nuestra soberanía", afirmó Morales durante la rueda de prensa que ofreció ayer, tras el acto de recepción de tres nuevos autobuses acondicionados para servir como tribunales móviles.

La también presidenta de la Sala Constitucional recordó que en diciembre pasado esa instancia emitió un fallo en el cual reiteró que sólo acataría aquellas resoluciones de los tribunales internacionales que no supusieran "una renuncia a nuestra jurisdicción, porque la jurisdicción y la soberanía van de la mano y si lo hiciéramos estaríamos prestándonos a una pérdida de nuestra libertad".

El artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos, texto que crea la Corte y que Venezuela suscribió en 1979, establece: "Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes".

Refutando señalamientos

Sobre la situación de los jueces provisorios, Morales aseguró que ellos no representan más de 15% del total de jueces del país y que se ha magnificado su situación. No obstante, según cifras suministradas por la propia magistrada a este diario a finales de 2008, 40% de los 1.840 árbitros podían ser sustituidos por la Comisión Judicial de un momento a otro.

La presidenta del TSJ también le salió al paso a la demanda de la Corte de San José (Costa Rica) para que el máximo juzgado les dé a los jueces provisorios las mismas garantías de estabilidad que gozan los titulares.

"El juez provisorio goza de los mismos beneficios que los titulares, lo único que le falta es ir a los concursos de oposición y para someterse a ellos debe haber pasado los dos años del Programa de Formación Inicial (PFI) y asistir a las prácticas", afirmó, al tiempo que remató: "Nosotros no podemos nombrar juez a una persona que no tiene los requisitos para ello".

La Corte en su fallo recordó que "la inamovilidad de los jueces provisorios está estrechamente ligada a la garantía contra presiones externas, ya que si los jueces provisorios no tienen la seguridad de permanencia durante un período determinado serán vulnerables a presiones de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la facultad de decidir sobre destituciones o ascensos en el Poder Judicial".

A este argumento, Morales se limitó a señalar: "Cuando la Comisión Judicial deja sin efecto a un juez es porque existen fundados motivos para ello".

Vienen más despidos

La reestructuración del Poder Judicial fue otro de los asuntos abordados durante la rueda de prensa que ofreció la magistrada, quien no dudó en calificar el proceso como un "éxito", aunque no ofreció cifras.

La presidenta del TSJ refutó las acusaciones lanzadas desde los sindicatos, según las cuales durante la reforma se han violado el derecho a la estabilidad laboral y el fuero sindical.

"Meter algunos casos aislados de indisciplina, de falta de ética y de incumplimiento de obligaciones dentro de la reestructuración es irracional. Una cosa es aquellos que están siendo jubilados o que han salido por la reestructuración y otra cosa muy diferente es que una persona, alegando un derecho gremial, se plante frente a un tribunal penal y no permita a los justiciables ingresar. Eso no es ético", señaló.

La funcionaria dijo que los dirigentes sindicales que denuncian haber sido despedidos no podían gozar de ese cargo, pues eran contratados y que a ellos no se les despidió, sino que no se les renovó el contrato.

Por último, Morales explicó que la reestructuración busca "poner orden", sobre todo en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), organismo que tildó de "sobrepoblado" y afirmó: "No voy a decir que no hemos retirado a nadie, pues sí lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de reestructuración que nos estableció la Sala Plena".