Vivimos en un país en el que ni siquiera el tamaño de las monedas tiene coherencia alguna. La sensación de incertidumbre, de no saber a qué atenerse, ha sido lo único que el régimen ha podido construir en estos 11 años de abusos. En realidad es eso lo único que puede resultar del extravagante proceso de decadencia al que se somete cualquier Estado signado por el autoritarismo.

La inseguridad que nos agobia no se limita a la que cotidianamente sufrimos todos los venezolanos al poner un pie fuera de nuestras casas. Es mucho más profunda y compleja y se refleja en todos los ámbitos de la sociedad. Ningún ciudadano que tenga que sufrir un trámite ante una oficina gubernamental sabe exactamente cuáles son los requisitos para completar su diligencia. Todo depende del funcionario de turno. Oficinas con el mismo objeto, pero ubicadas en sitios distintos (o inclusive taquillas distintas dentro de una misma oficina), difieren en cuanto a los recaudos necesarios para un determinado trámite, aun contraviniendo la ley o instructivos ministeriales. Los registros se han convertido en la más lamentable calamidad que un particular pueda sufrir. Trámites que en Colombia Perú o Costa Rica se hacen en una mañana sin la necesidad de estar asistido de abogado, llevan meses de trabas, colas en la madrugada y pagos de honorarios a abogados, gestores y coimas a funcionarios. Si bien las oficinas de registro no eran modelos de eficiencia, el servicio que prestaban era infinitamente superior al bochorno que hoy día protagonizan gracias, entre otras cosas, al prodigio de utilizar funcionarios cubanos para vigilarlos. Es así como ciudadanos importados del paleozoico comunista de La Habana "supervisan" operaciones estrictamente mercantiles que, por definición, no pueden existir en "el mar de la felicidad". Los funcionarios con larga experiencia están fiscalizados por improvisados cubanos que no tienen idea de lo que hacen, algo más necio aún que nombrar de director del G2 cubano a un bailarín de ballet.

La incertidumbre tiene su origen en los altos jerarcas del Gobierno. Ningún alto funcionario gubernamental es capaz de mover un dedo sin el visto bueno del presidente de la república. Son artríticos mentales, incapaces de generar una idea propia, de aconsejar y, mucho menos, contravenir al autócrata que se ha dedicado a desmantelar las bases de la civilidad de nuestro país y cuyos espasmos domingueros son los que producen los lineamientos de políticas públicas siempre improvisadas e ineficientes.

¿Qué será lo próximo que se confiscará? ¿Cuál será la próxima invasión que se ordene? ¿Cuántos empleos se perderán después de la siguiente gritadera presidencial? ¿Hasta cuándo tendré empleo? ¿Hasta dónde alcanzará el dinero? Cada domingo se genera mayor angustia. La zozobra y el desasosiego preocupan a cada venezolano de bien y responsable.

En estas circunstancias, y en medio de una inflación de la que tampoco se tienen cifras confiables, es imposible desarrollar cualquier actividad de forma seria y planificada. Nadie tiene certeza alguna de lo que sucederá en la calle, la administración de la cosa pública o la economía. La incertidumbre corroe al país. La construcción de la Venezuela del porvenir deberá empezar por cuestiones tan básicas como homogeneizar y simplificar al máximo las relaciones de la administración pública con el ciudadano, de lo contrario el caos seguirá socavando al país, aun después de que pase esta pesadilla.

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