Demasiadas bolas han corrido referente a un supuesto adelanto de las elecciones parlamentarias. Poco creíbles resultan los desmentidos que en días pasados han realizado voceros del oficialismo; esas opiniones personales nunca han sido relevantes, hoy pueden decir que "sería una locura" o "eso no está planteado" y, si su comandante luego les da la orden, de inmediato declaran que nunca dijeron lo que dijeron y que todo lo contrario es lo más conveniente.

Dos aspectos son fundamentales tener muy claros. Por una parte, ¿es posible constitucional y legalmente adelantar las elecciones parlamentarias?, y por otra parte, ¿estamos preparados para acudir con éxito a ese proceso?

Existe un precedente muy peligroso que fue lamentablemente aceptado por todo el mundo con muy pocas voces de reclamo (en esta columna nos opusimos y lo razonamos). Se trató de la suspensión por acto del CNE de las elecciones de concejales y miembros de juntas parroquiales. Esta suspensión fue avalada por el TSJ y se excusó en que mientras se discutía la nueva ley electoral en el Parlamento, no se podían celebrar elecciones. Razonamiento totalmente pueril, pues han debido celebrarse en su oportunidad legal bajo la vigencia de la antigua ley. Cuando elegimos concejales lo hicimos para un período de cuatro años. La no celebración de elecciones prorrogó inconstitucionalmente sus mandatos.

Si mediante acto del CNE se suspendieron unas elecciones y lo avaló el TSJ, ¿podría también el mismo órgano adelantar otro proceso electoral visto este precedente? La Constitución Nacional en su artículo 192 determina que los diputados durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. La Constitución además señala que el primer período comienza el 5 de enero de cada año. Lo sano siempre ha sido que la elección de nuevos diputados sea lo más cercano a la fecha de instalación y comienzo del primer período de sesiones (5 de enero). Ningún poder constituido podría recortarle a los diputados actuales el mandato que recibieron por 5 años, a menos que sean objeto de un referendo revocatorio o que voluntariamente renunciaran a sus cargos. Sea cual sea la fecha de celebración de las elecciones, los nuevos diputados sólo pueden asumir cuando los actuales cumplan sus 5 años de mandato. Es distinta la prórroga inconstitucional dada a los concejales que se convirtió en una extensión de sus mandatos más allá de los 4 años para los que fueron electos, que adelantar un proceso electoral sin que este implique un recorte en los mandatos de los diputados.

En caso de producirse el adelanto, no lucimos cohesionados ni unificados para enfrentar ese proceso, pero no quiere decir que no podamos estarlo. Se requiere, antes que cualquier cosa, voluntad unitaria sincera y sin agendas ocultas. La experiencia electoral de las regionales dejó un amargo sabor al 25% de los electores que vieron con justificado desagrado cómo no se produjo la tan necesitada unidad en estados como Bolívar, donde se botó el triunfo al dividirle los votos a Andrés Velásquez, o en la alcaldía de Maracay, donde ocurrió lo mismo al dividirle los votos a Richard Mardo, sólo por recordar dos casos.

La oposición es mayoría en casi todos los principales centro poblados del país, pero si no va monolíticamente unida en cada circuito, se picarán los votos y, además, causarán desánimo del elector que se abstendrá ante la ausencia de candidatos únicos.

En los estados más deprimidos del país el chavismo aún es mayoría. El sistema electoral de la nueva ley consagra que donde se es mayoría (así sea por poco) se obtienen más escaños de los que los votos reales otorgarían. Durante los meses que queden de aquí al proceso electoral, aquellos que quieren ser diputados en esos estados deben hacer un trabajo titánico para levantar el ánimo del elector y convencerlos de ser la opción. Para tener mayoría en la Asamblea es necesario no sólo ganar en las principales zonas urbanas, sino también se debe trabajar muy duro las zonas más deprimidas.

La unidad no es un capricho ni puede ser de fachada. Para construirla los partidos deben entender que son dueños de las tarjetas, pero no de los votos. Que los votos automáticos por una determinada tarjeta son muy pocos. Que la gran mayoría de los electores no militan en un partido y que deben ser convencidos de que votar vale la pena. La forma como se seleccionen los candidatos y a quienes se presenten como tales, serán sin duda determinantes para mostrar la coherencia, el desprendimiento y la fortaleza necesarias para motivar al elector. Todo voto es importante.

Estamos a tiempo de hacerlo bien, sin exclusiones, con verdadera conciencia de la importancia de esta futura elección que puede cambiar la historia.

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