Las condenas por corrupción dictadas esta semana contra los ex presidentes Rafael Ángel Calderón de Costa Rica y Alberto Fujimori de Perú, así como el nuevo proceso al argentino Carlos Menem, profundizan el desprestigio al que se ha sometido al sillón presidencial.

El enjuiciamiento de los ex mandatarios forma parte de la tragicomedia de las instituciones latinoamericanas. Hay que armarse de sentido del humor para no dejarse impresionar por la gama de delitos tan colorida como el arco iris, así como por la suerte de sus responsables: pocos tras las rejas, algunos aprisionados en sus domicilios, muchos exiliados, todos degradados.

En este melodrama se encuentran dictadores despiadados castigados por robar bebés como el argentino Rafael Videla, procesados por cuentas bancarias secretas y pasaportes falsos como el chileno Augusto Pinochet, en cuyo país se atrapó al tres veces presidente peruano Alberto Fujimori, quien renunció por fax desde Japón, después de que su congreso lo declarara "incapacitado moral" para gobernar. Así emuló al mexicano Carlos Salinas de Gortari quien escapó a Irlanda tras cargos de corrupción, los mismos por los que el brasileño Collor de Melo renunció antes de que lo impugnara su congreso y por las que el ecuatoriano Abdalá Bucaram fue destituido por el suyo, aduciéndose "incapacidad mental para gobernar".

La justicia, inhibida de accionar contra los presidentes en ejercicio porque gozan de inmunidad constitucional, debe esperar el término del mandato para procesar los abusos. Así, la exención ante el delito se convierte en impunidad por lo que muchos pueden seguir gobernando, sin mayores problemas, a pesar de valijas llenas de dólares enviadas por otros gobiernos o transferencias bancarias de grupos guerrilleros y narcotraficantes para fondos de campañas electorales.

Esta semana los italianos resolvieron este intríngulis entre la inmunidad y la impunidad. El Tribunal Constitucional determinó que todos son iguales ante la ley como reza la Constitución, incluso para los cuatro cargos más altos del gobierno, entre ellos el del primer ministro Silvio Berlusconi, quien en lo sucesivo podrá ser enjuiciado como cualquier hijo de vecino por casos de corrupción.

La decisión italiana plantea la pregunta de si será conveniente que exista la inmunidad para que los dirigentes puedan gobernar sin distracciones o si es mejor que la justicia pueda actuar en cualquier momento, disuadiendo a quienes cometen abusos con desparpajo.

De haber existido la fórmula italiana, tal vez se hubieran limitado aquellos que robaron sin vergüenza como el nicaragüense Arnoldo Alemán, el haitiano Jean Claude Duvalier y el panameño Manuel Noriega; o quizás el venezolano Carlos Andrés Pérez y los paraguayos Luis Ángel Macchi y Carlos Wasmosy no hubieran malversado fondos; o el argentino Fernando de La Rúa hubiese evitado sobornos, igual que el costarricense Miguel Ángel Rodríguez, quien debió renunciar a su flamante cargo de secretario de la OEA.

La lista de delitos y ex presidentes delincuentes es prominente y hay dos hechos que la alargan y fomentan. Por un lado, un sistema de exilio político permisivo como el que potenció el ex presidente panameño Martín Torrijos al dejar la presidencia en junio, otorgándoles "asilo diplomático permanente" al haitiano Raúl Cedras, al guatemalteco Jorge Serrano Elías y a Bucaram. Y por otro lado, unas reformas constitucionales que mediante la reelección presidencial dotan a sus portadores de inmunidad e impunidad a perpetuidad, como los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Algo que intentará el paraguayo Fernando Lugo, quien para lograrlo deberá levantar la prohibición de reelección que data de la reforma de 1992, que tuvo la intención de evitar, justamente, cualquier asomo autoritario, en respuesta a la dictadura de Alfredo Stroessner.

La corrupción parece traspasar las ideologías y los sistemas. Fue popular en las dictaduras, en los procesos neoliberales y socialdemócratas y sigue siéndolo en los presentes neo populismos. No es difícil imaginar la suerte que tendrán muchos de los presidentes actuales, sospechados de abusos e irregularidades.
El ex mandatario colombiano Alfonso López Michelsen solía decir que los ex presidentes se parecían a los "muebles viejos", porque nadie sabía qué hacer con ellos. Sin embargo, por la conducta corrupta, penal y autodegradante de sus titulares, pareciera que los sillones presidenciales están sólo destinados a servir de leña para la hoguera de la historia.

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