Los ciudadanos somos responsables del sistema político en nuestro país, llámese populismo, militarismo, autoritarismo o totalitarismo, lo que ocurre es que la complejidad y diversidad de las cuestiones que el sector público abarca confunden a muchos, que prefieren desentenderse y ocuparse de sus propias necesidades, olvidando que la política tarde o temprano invade inexorablemente sus vidas.

Por ello tantas protestas a lo largo de toda la geografía nacional, frente a problemas de agua, basura, vialidad, malandros impunes, escasa oferta de empleo y fallas en los planes de salud. En estos casos no se puede hablar de política partidista, impulsada por el oficialismo o la oposición, se trata de prioridades que afectan a la familia venezolana y en las vertientes participan, como invitados indeseables, la corrupción, burocratización y abusos del régimen, aún con sus propios seguidores.

Es específico del totalitarismo el protagonismo de las masas, negándose a escuchar la opinión de los ciudadanos para mejorar la gobernabilidad. En ese orden de ideas las masas son puro número, agregación de personas que se dejan influir por la mentira repetida, el miedo y el espíritu de destrucción; lo cierto es que se crea una metodología en que las individualidades son superfluas, al ser sustituidas por la masa. Las democracias se distinguen porque el poder se deriva esencialmente de la capacidad de actuar de manera organizada, y la conducción tiene como meta mejorar la calidad de vida; en cambio la lógica profunda del control absoluto de todos los poderes, hace perder la individualidad y desaparece cualquier tipo de iniciativa.

Lamentablemente la combinación de populismo, militarismo y autoritarismo termina en un callejón sin salida, que reduce a su mínima expresión las capacidades de acción de la sociedad. Montesquieu tenía razón cuando afirmaba que la impunidad y el aislamiento potencian la tiranía, una forma de gobierno que contradice la condición humana por naturaleza plural, de allí que la sociedad debe actuar en conjunto y defender el sistema de libertades.

Es injustificable que sea letra muerta el artículo 68 de la Constitución vigente, que consagra el derecho político de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas. En contraste el régimen acusa a quienes lo hagan de conspiradores, sancionando la disidencia y negando el derecho humano por excelencia de la crítica, que presiona a través de la protesta para que corrijan los errores, se sancione a los corruptos, se supere la burocratización y se optimice la capacidad gerencial del sector público, en base a resultados.

Así por ejemplo, el crecimiento desmesurado de la criminalidad es consecuencia de las armas entregadas en forma irresponsable, de la pérdida de los espacios públicos y de la impunidad. El desmantelamiento de la descentralización implica perder conquistas cívicas logradas por la población, y dejar en una sola persona hasta la decisión que se refiere al más oscuro rincón de la nación. El buen desempeño requiere fijar prioridades y concentrarse en una sola meta: la gobernabilidad. La sociedad tiene la palabra, la acción y una inmensa responsabilidad.

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