En el Parlamento francés hubo un acalorado debate y de la pena de muerte abominó un orador, quien exigió su abolición. En medio de frenéticos aplausos oyóse a otro exclamar: "¡Que messieurs les assassins commencent!"...

Estoy con quienes adversan esa pena. Por humanitarismo y por su irreversibilidad; pero hay casos en los que al pronto uno cree estar equivocado dada su bárbara ignominia. Uno es el de los paidófilos: violar un bebé ¿qué otra pena merecería? Hasta estos desalmados creen lo mismo porque hace pocos días en España uno de ellos se "autosuicidó" -como diría un talentoso expresidente adeco- cuando supo que la policía allanó su casa en la mayor cacería al respecto: 300 presos y millones de archivos incautados. Tan detestable crimen crece con rapidez cibernética con la nueva red 2.0 y sus perpetradores siguen usando el sistema P2P para pasarse vídeos e intercambiar archivos. Recién habida está otra conmoción en la Iglesia Católica porque de nuevo un obispo fue capturado en eso: el canadiense Lahey con pornografía infantil. En agosto pasado él negoció que su diócesis pagara trece millones de dólares estadounidenses a niños violados por él u otros curas. Para la explotación sexual y laboral (minas, cultivos, etc.) se trafican niños, así como para lo mendicante, vender sus órganos y a ellos mismos en adopciones criminosas. Dificultar al máximo las adopciones legales (como en Venezuela) propende al aumento de redes internacionales de traficantes. El único proyecto de Código Penal existente o al menos del cual se tengan noticias concretas (el del TSJ de 2004), desechado por la ANL sin dar ninguna explicación jurídica, tipificó una treintena de crímenes contra niños. De tales crímenes hay, empero, una siniestra vertiente que serpentea inadvertida: el tirarlos a degüello con resoluciones judiciales injustas. La parcialización es antinómica con la justicia. Un juez puede caer en ello por grave defecto de carácter o por (equivale a lo mismo) no resistir la presión de sus superiores, de suyo espuria y que, si se generaliza, contamina de ilegitimidad al Poder Judicial. Presión supremamente maligna si se descarga desde el más alto nivel y con su injusticia logra vulnerar los derechos de un niño, haciéndolo sufrir y a veces hasta el asesinato psíquico: es cuando despídese un denso vaho de abyección que asfixia e indigna y obliga a denunciar al malhechor (o malhechora, como suele decirse ahora) de turno. El art. 255 constitucional responsabiliza personalmente a los jueces por su incuria y máxime por sus delitos, que son mucho más peligrosos si impactan a seres indefensos. Y como el Estado puede ser demandado por esos daños, también podrá resarcirse y a su vez accionar contra esos jueces perniciosos.

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