Saber qué hace el gobierno es la primera condición de la democracia. Porque el gobierno es el más poderoso y de allí que cuando se mueve los efectos pueden ser tanto buenos como malos, o malísimos. Además, la mayoría de las cosas que hace son muy discutibles, muy opinables, y para discutirlas y opinar sobre ellas hay que conocerlas.

La tan cacareada visión crítica que debe ser un objetivo de la educación es obviamente imposible si no se conoce lo que debe criticarse, sin objeto claramente conocido la crítica sólo será repetición de clichés ajenos. La crítica es esencial a la democracia, es requisito del protagonismo popular que también está de moda. Tener los datos puros y duros de lo que hace el sector público, pues, es condición del debate ciudadano. La actividad del gobierno, además, se hace en nombre de terceros, los ciudadanos. Tanto los recursos con que actúa que proceden de los impuestos que paga la gente o de la riqueza pública como el producto de su acción, vienen o van a la sociedad, así que es una obligación moral y también legal informar, más precisamente, rendir cuentas. "Toda persona (&) podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas" dice el artículo 28 de la Constitución. El pasado lunes 28 fue el Día del Acceso a la Información Pública. Varios reportajes, entrevistas y opiniones llenaron los medios, recordando la necesidad de asegurar y facilitar el acceso a la información pública, sobre todo sancionando legislación especial al respecto. El estado Miranda acaba de hacerlo y el PPT propuso hace poco una ley nacional en la materia. Organizaciones sociales, como Transparencia Venezuela, han sido pioneras en esta campaña, que da base fundamental a que la población sepa lo que hace la Administración Pública y pueda tomar decisiones más adecuadas. Los datos epidemiológicos, la elaboración y ejecución del presupuesto, las licitaciones, la actividad petrolera y tantos otros campos son de fundamental importancia para poder participar en el debate público y tomar decisiones de toda especie. La legislación debe exigir que la administración informe, por un lado, y a los ciudadanos permitir buscar y encontrar esa información. Es condición de civilización.

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