Las autoridades gubernamentales y judiciales deberán informarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las diligencias y actuaciones emprendidas para hallar y sancionar a los responsables de la masacre del retén de Catia, hecho ocurrido durante el intento de golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992.

El juzgado hemisférico convocó para el próximo 30 de septiembre una audiencia oral, en la cual los funcionarios venezolanos tendrán que explicar lo hecho para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada por el tribunal con sede en San José (Costa Rica) en julio de 2006.

En su fallo, la Corte ordenó al Estado no sólo juzgar a los responsables de la masacre, sino realizar todas las actuaciones para ubicar los restos de los presos que fueron ajusticiados en medio de la intentona; y adoptar las medidas necesarias para que "las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales relativos a la materia"; así como "entrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad para garantizar efectivamente el derecho a la vida".

Sin embargo, ninguno de esos puntos ha sido cumplido. En 2008, 498 reclusos murieron violentamente en las prisiones, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones.