La estulticia en Venezuela ha tenido picos históricos, pero probablemente pocos representen de manera tan diáfana la naturaleza de los gobernantes de hoy como el insólito decreto dictado por el gobernador del estado Trujillo, un tal Hugo Cabezas, mediante el cual cambió el nombre de la biblioteca del estado, llamada Mario Briceño Iragorry, por el de Antonio Nicolás Briceño. El autor del decreto tiene como mayor mérito literario el haber firmado millones de cédulas de identidad con una X, mientras se desempeñaba como director de la oficina de identificación. Aparte de eso, no se le conoce obra, ni vida académica, ni siquiera tener la lectura como hobby, de allí que llame la atención el súbito interés en los libros de parte de una persona que, además, firma con el emblema del analfabetismo.

El decreto no sólo demuestra un grado sumo de estupidez sino también otro elemento distintivo de los improvisados que ocupan altas jerarquías en estos tiempos de decadencia: un resentimiento a toda prueba. Los considerandos del texto cuestionan las reflexiones del intelectual trujillano sobre el carácter del decreto de guerra a muerte y, además, reprochan que Don Mario no emitiera cumplidos a Guaicaipuro. Todo este revanchismo tan gratuito es verdaderamente ridículo. Dado el talante del gobernador, se podría asegurar que no sólo no tiene idea de quién era Briceño Iragorry, sino que tampoco sabe con certeza y documentación histórica quién fue Guaicaipuro, cuyo nombre debe haber conocido por el mercado libre o por referencia de algún santero charlatán.

Las simplezas con que se despacha al pensamiento del erudito escritor son otro elemento distintivo de la pobreza intelectual y espiritual de gente como el tal Cabezas. Cualquier académico u hombre civilizado que quisiera criticar las ideas de alguien lo debe hacer mediante el debate argumentado. Si el gobernador de verdad tuviera cabeza, ha debido escribir un libro, un artículo, un panfleto, o tan siquiera un pasquín dando mejores argumentos, identificando imprecisiones históricas o inconsistencias científicas en las que incurrió Briceño Iragorry. Pero no fue así. El medio utilizado fue un decreto: una orden, una imposición, una norma de derecho que inclusive designa un siniestro ejecutor. Y es que no podía ser de otra manera, la absoluta minusvalía mental de quien produce el decreto no le permite entrar en un debate. Sólo puede emitir órdenes unilaterales y arbitrarias, como si el país fuera un cuartel, como si las ideas se pudieran prohibir, como si la historia se pudiera modificar por decreto.

El cambio de nombre de la biblioteca de Trujillo es una tragedia, no sólo porque ofende la memoria histórica de nuestro estado sino porque es la más evidente prueba de que quienes hoy gobiernan, no creen en el debate y el intercambio propio de la democracia (no tienen los rudimentos básicos para ello), sino en las imposiciones personalistas, propias de los autoritarismos.

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