Un sindicato debe propiciar la mejora de sus afiliados, lo prioritario es lo económico y la seguridad social: nunca lo ideológico puede aplastar las reivindicaciones y el bienestar del trabajador y además se debe tomar en cuenta que las pretensiones exageradas pueden destruir a cualquier empresa. Por ello es injustificable la actuación de los sindicatos oficialistas en el sector público, renunciando a conquistas esenciales, mientras se empeñan en acosar a empresas privadas productivas y muy empleadoras.

El modus operandi es cruel: un puñado de trabajadores constituye un sindicato, que es reconocido de inmediato por la Inspectoría del Trabajo, sus dirigentes ofrecen reivindicaciones imposibles de cumplir a la masa laboral y terminan paralizando, y a veces cerrando, a la empresa respectiva. Todavía peor, a veces proceden a constituir un segundo sindicato y el desafío es ver quién exige de manera más irracional: ese es el caso de las ensambladoras de automóviles.

El régimen quiere sustituir a la propiedad privada por la propiedad social, acentuar la lucha de clases y anteponer la ideología a los intereses de los trabajadores. En unos casos se estatiza, como las cementeras, Cantv, EDC y Sidor, disminuyendo la eficiencia hasta generar pérdidas; en otras se acorrala a empresas en plena producción, porque las autoridades no actúan como mediadores sino con el peso que inclina la balanza hacia el extremismo, a través de comandos políticos subsidiados por el oficialismo: de esa forma la negociación laboral se ha ido convirtiendo en una estrategia de supervivencia.

El gobierno utiliza todos sus recursos contra la libertad sindical, se niega a discutir los contratos colectivos del sector público y discrimina a los trabajadores que no comulgan con el radicalismo, lo cual es evidente en los empleos perdidos a raíz de las expropiaciones en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.

Los sindicatos democráticos añoran la época de la Comisión Tripartita, cuando el Estado, Fedecámaras y la CTV lograban consensos, cediendo en sus pretensiones para proteger el empleo duradero. Ahora hay más sindicatos, pero la atomización sólo rinde dividendos a las autoridades, ya que disponen de un mayor margen de maniobra para la discusión y echar para atrás los beneficios obtenidos en los contratos colectivos del sector público: Metro. También para retardar el contrato petrolero, dejar sin resolver 300 asesinatos de sindicalistas y criminalizar el derecho a huelga.

El oficialismo ha fomentado la creación de sindicatos bolivarianos, para debilitar los sindicatos tradicionales y provocar incidentes que facilitan la intervención del Ministerio del Trabajo, mientras el empleo privado grave es tres veces superior al empleo público.

Acosar y derribar las empresas productivas es destruir el empleo permanente, sano, enriquecedor y sustento de la mano de obra secundaria y terciaria. En definitiva se ataca a sangre y fuego al sector privado, no se atiende como es debido a la economía informal y se prefiere subsidiar y crear empleo público improductivo. El final de la trama son las estatizaciones, invasiones y la amenaza de la propiedad social: fórmulas inviables y aberrantes.

juanmartin@cantv.net