Durante la IV Cumbre de Presidentes de Poderes Judiciales de los Estados Miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), celebrada en Cartagena, Colombia, el pasado mes de agosto, la presidenta del TSJ de Venezuela, Luisa Estella Morales, propuso crear un Tribunal Suramericano en materia de promoción, protección y vigencia de los Derechos Humanos. Fundamentó su propuesta dentro de la necesidad de revisar las instancias jurídicas responsables de los Derechos Humanos a nivel regional y mundial. En su "Justicia, Derechos Humanos e Integración Regional", y de la Constitución venezolana de 1999 que establece el imperativo tanto de la integración como de la necesaria garantía a los derechos humanos fundamentales. Durante las cumbres judiciales suramericanas anteriores, especialmente la celebrada en Lima, el presidente del Poder Judicial de Perú, Francisco Távara Córdova, había insistido en la necesidad de la integración de los sistemas judiciales de los XII países que integran la Unasur. En esa oportunidad, además del presidente del Tribunal de Justicia Andino, Osvaldo Salgado Espinoza, también se encontraba el magistrado Enrique Bacigalupo Zapater de la Sala Penal del Reino de España. En la "Declaración de Lima", se reconoce la necesidad de crear espacios de cooperación y coordinación entre los distintos poderes judiciales de Unasur, en el compromiso a la democracia y la integración. La magistrada Morales seguramente presentará si permanece en el TSJ un proyecto definitivo en la próxima Cumbre Judicial a celebrarse en Quito el próximo año.

En nuestro curso de Doctorado sobre Derecho Constitucional en la Universidad Santa María, en el cual hemos tenido alumnos que forman parte del actual Tribunal Supremo de Justicia, en la materia que dictamos, Derecho Constitucional Internacional, hemos insistido en la necesidad de avanzar en a construcción de la patria latinoamericana, más allá de los sistemas de integración económica hacia lo político, lo cultural y lo constitucional. Concebimos la Unión Suramericana como un mecanismo fundamental en la búsqueda de nuevos espacios geopolíticos y geoeconómicos para ser actores importantes en la nueva multipolaridad de la geopolítica mundial. Hubiera sido preferible fortalecer los sistemas de integración existentes en Centroamérica, el Caribe, y especialmente la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur. Lamentamos la injustificada salida de Venezuela de la CAN, decidida por el presidente Chávez, como también el rechazo de los Parlamentos de Paraguay y Brasil al ingreso de Venezuela al Mercosur.

Discrepancia
Nuestra diferencia con la magistrada Luisa Estella Morales, y que seguramente es la misma de la mayor parte de los presidentes de los poderes judiciales suramericanos y de nuestros estudiantes, es que las nuevas instancias judiciales como el Tribunal Suramericano de Justicia, no deben excluir a otros organismos regionales o mundiales de Derechos Humanos y menos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 3 de septiembre cumplió 40 años de existencia.

Protección eficaz
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos se ha perfeccionado con el tiempo. Tanto la CIDH, que funciona en Costa Rica, como la Comisión Interamericana en Washington y la propia Convención Americana de los Derechos del Hombre, deben redimensionarse para un completo sistema de protección eficaz y efectivo, como ha sido el caso de Europa. Es indispensable que todos los Estados del continente ratifiquen la convención, adopten medidas nacionales de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana en el plano interno.

Es fundamental que los Estados acepten sin reservas la competencia obligatoria de la CIDH. Debe permitirse los recursos individuales con el acceso directo de los individuos a la Corte Interamericana, actuando como sujeto de derecho internacional en materia de derechos humanos y esto debe ser consecuente con la garantía esencial de la igualdad de procedimientos entre las partes, ya sean los Estados o las personas.

Haremos llegar al TSJ un proyecto que pudiera ser el Tribunal de Justicia Suramericano en la línea de lo que ha sido la justicia supranacional europea tomando lo mejor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y lo remitiremos como contribución académica a los presidentes de los 12 Tribunales Supremos de Justicia de Unasur.

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