La aprobación exprés de la LOE pone de manifiesto la actitud de la AN de actuar sin tomar en cuenta a la ciudadanía con el único norte de atornillar la revolución. La primera consecuencia es que poco importa que se actúe al margen de la Constitución y a espaldas de la opinión y participación de la comunidad plural.

Desde el punto de vista jurídico predomina lo impositivo y coercitivo sobre lo específico educativo. Es decir, se da prioridad a los controles del gobierno que a la calidad misma de la educación. Lo político se desliza por la figura del Estado docente como fuerza totalizante, eliminando en la práctica, la autonomía y especificidad de la educación. El actor y protagonista es el Estado-gobierno, quedando los demás sujetos como actores de segunda categoría. Y desde lo ético, el valor indiscutible y criterio de discernimiento es la revolución, no la calidad de la educación sino la uniformidad en función de los intereses de la misma.

La ley tiene una notable ausencia: no da una definición de educación; se sustituye por una descripción de deberes, funciones y tareas, aparentemente bondadosas que quedan a la interpretación discrecional del gobernante a través de las futuras leyes y reglamentaciones exigidas en la misma ley. Hay un notable desequilibrio ante la primacía de la persona y la familia a favor de otros, como son el Estado o las organizaciones comunitarias.

Los argumentos de la ley a favor de garantizar la religión como un bien privado y familiar, no social, pretende quitarle el influjo social y moral, del fenómeno religioso a lo largo de la Historia. ¿Acaso lo público, lo político es derecho exclusivo del Estado-gobierno para imponer a su antojo lo que quiera? Una ley de educación impuesta, pierde su base de sustentación democrática y se convierte en un instrumento para la inequidad. Por tanto, es injusta e inmoral.

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