El Rodeo I será el sitio de reclusión de Julio César Rivas Castillo, dirigente del movimiento estudiantil en Carabobo, quien fue detenido el pasado lunes por su presunta participación en "hechos violentos" registrados durante la marcha realizada el 22 de agosto contra la Ley Orgánica de Educación.

Leydis Azuaje, juez del Tribunal 37° de Control de Caracas, consideró que los hechos ocurridos en la marcha eran de carácter notorio comunicacional, por lo que sustentarían la decisión de someter al joven a una investigación penal, relató Gonzalo Himiob, abogado de la defensa.

Azuaje ratificó la medida privativa de libertad del joven y ordenó su traslado a El Rodeo I por presumir peligro de fuga.

Según Himiob, la juez argumentó la decisión en que "los daños que se causaron son de una magnitud inmensa porque se alteró la paz social y se produjo una devastación". En su criterio, "aquí lo que se impuso fue la irracionalidad".

Explicó que los delitos que se le imputan a Rivas Castillo, de 22 años, son: instigación a la guerra civil y a la devastación, incitación para delinquir, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, daños materiales y uso de arma genérica.

Agregó que la Fiscalía tiene 30 días y una prórroga de 15 para presentar el acto conclusivo y acusar o no al estudiante de la Universidad Alejandro Humboldt de Carabobo, quien podría enfrentar una condena de hasta nueve años de prisión.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, aseveró que durante la visita efectuada por dos funcionarios de ese organismo a la sede la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, Rivas indicó que "las autoridades encargadas de su detención y custodia le han dado un trato digno y respetuoso".

En este sentido el comunicado agrega que los funcionarios del Poder Ciudadano no sólo constataron el buen estado físico del joven sino que lo entrevistaron para conocer de su voz si se habían preservado sus derechos durante el procedimiento. Al respecto el documento emitido por la Defensoría niega que a Rivas se le haya incomunicado y prohibido el acceso de sus abogados.

"Rivas Castillo manifestó que durante el procedimiento efectuado para su detención fue tratado con respeto por los funcionarios policiales (...) que además no ha sido incomunicado ya que se le ha permitido recibir la visita no sólo de sus familiares sino que además representantes de diversas agrupaciones políticas han acudido a ofrecerle asesoría jurídica...".