CARACAS, viernes 04 de septiembre, 2009 | Actualizado hace
El derecho al libre tránsito es preocupación de la fiscal Luisa Ortega Díaz y descubrió un nuevo vacío legislativo: la de una norma que sancione a quienes tranquen vías. De allí que la represión con disparos de perdigones y bombas lacrimógenas de policía merideña contra habitantes de La Venta, Chachopo y Timotes, que reclamaban reparación de la carretera Transandina, no fue suficiente. Esas "conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", que se castiga con penas de entre 12 y 24 años de cárcel.
Para esta funcionaria, el cierre de vías altera la paz y la tranquilidad pública, constituye atentando contra el régimen.
Las manifestaciones se incrementan. En los primeros 4 meses de 2009 ocurrieron 759, equivalente, según Espacio Público y Provea, a la mitad de las de 2008, aunque el 97% de esa movilizaciones fueron pacíficas.
De allí el encarcelamiento de once trabajadores de la Alcaldía Mayor y del prefecto de Caracas, Richard Blanco. Y la orden de captura del dirigente Oscar Pérez. Por allí van los doce periodistas agredidos de la Cadena Capriles, el gobernador del Táchira, el alcalde Antonio Ledezma.
Ninguna novedad. Estadísticas del Ministerio Público revelan que en la década autoritaria pasan de dos mil los procesados por protestar.
Empeñada en conservar el puesto, atenta contra la Carta Magna de la cual debe ser garante. En su propuesta de ley de delitos mediáticos, recibió reconocimiento del comandante presidente, quién ahora con su característica mordacidad -siempre que se pronuncia por atropello, se ríe- le envío "mis respetos y mis saludos".
No extrañará que sea ascendida jefe de la Disip, porque cuando le señalamos como fiscal de tránsito, con el perdón de esos funcionarios, recordamos que su cargo no es vitalicio y sus delitos no prescriben.
albertojordanhernanndez@yahoo.es
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