Salir con una pancarta y trancar una calle para reclamar por la falta de agua, por el mal estado de una escuela, por el incumplimiento en el pago de los sueldos o para expresar su disconformidad con una autoridad le ha costado a 2.220 venezolanos tener que estar sometidos a un proceso penal, en casi 9 años.

La denuncia la formuló Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien rechazó la amenaza de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de enjuiciar a todo aquel manifestante que "altere la paz pública".

Tras precisar que estas cifras las han obtenido de las informaciones publicadas por el Ministerio Público, por organizaciones sindicales y campesinas y por los medios de comunicación, Alvarado reclamó de Ortega

Díaz que rectifique.

"La fiscal general genera una situación de riesgo político, porque cuando le cierras las puertas democráticas a los sectores críticos esto crea condiciones favorables para quienes siempre buscan la violencia. Impedirle a quienes buscan un cambio expresarse es la excusa perfecta para la violencia", advirtió.

Asimismo indicó que la postura de la jefa del Ministerio Público es contraria a la Constitución, la cual propugna una democracia "participativa".

"¿Cuándo se es más protagónico y participativo que cuando se reclama un derecho o se protesta por algo que se considera que está mal?", se preguntó Alvarado, quien acto seguido recordó que el presidente Hugo Chávez en reiteradas ocasiones ha invitado a la población a manifestarse cuando las instituciones no respondan oportunamente a las demandas ciudadanas.

Campesinos en la mira El movimiento campesino Jirajara denunció meses atrás que los trabajadores del campo son una de las principales víctimas de la criminalización de la protesta. En abril, la organización oficialista informó que 1.507 pequeños agricultores se encontraban en libertad condicional, debido a sus actividades en pro de la guerra contra el latifundio iniciada por el Gobierno.

El diputado Braulio Álvarez ha encabezado distintas movilizaciones hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Ministerio Público para reclamar el fin de los procesos contra los campesinos y para exigir que se identifique y sancione a los autores de los asesinatos de los más de 200 líderes agrarios ocurridos en los últimos años.

A las cifras de Jirajara, Provea suma también las de los distintos sindicatos, los cuales reportan que 150 trabajadores tienen abiertos expedientes en el Ministerio Público por ejercer sus derechos a la manifestación y asociación.

Igualmente Alvarado recordó que sólo en 2007 la Fiscalía inició investigaciones penales contra 120 estudiantes universitarios por participar en las protestas contra el fin de la concesión a Radio Caracas Televisión.

"Estas cifras son conservadoras, porque hay casos como las manifestaciones de las barriadas y caseríos, que no salen a la luz pública. Hay muchos dirigentes comunitarios sometidos a procedimientos por protestar", sentenció.

El domingo, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el presidente Chávez aseguró que en Venezuela no se persigue a nadie por lo que piense o haga.