Como un efecto dominó, el nombre del ex gobernador de Cojedes, Jhonny Yánez Rangel, cada día suena más en los tribunales. Este año ha sido especial, se le menciona más en los documentos judiciales que por la calle. Tres demandas contra su gestión han empezado a desengavetar otras denuncias que acusan irregularidades durante su administración.

Las nuevas autoridades de la entidad introdujeron el pasado 5 de agosto -ante la Fiscalía Superior del estado- tres expedientes en los que acusan al gobierno anterior de Cojedes, por enriquecimiento ilícito y delitos contra el Patrimonio Público en obras y servicios que suman más de 17 millardos de bolivares viejos. Dentro y fuera de los tribunales, sin embargo, aparecen más señalamientos aún: el Partido Socialista Unido de Venezuela apoyó esta semana las denuncias contra Yánez Rangel y, entretanto, siguen apareciendo otros casos contra su administración.

En el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, admitieron el pasado 12 de enero una demanda que acusa "violaciones al debido proceso" y "vicios de desviación de poder" en la entrega de las concesiones mineras, que fueron otorgadas y firmadas poco antes de que Yánez Rangel entregara la gobernación.

De lo privado a lo público Buena parte de los materiales de construcción que hay en el centro del país salen de Cojedes. La entidad dispone de minas de arena, grava y piedra. Y es precisamente en una de ellas donde acusan al ex gobernador y a algunos de sus más cercanos colaboradores, como artífices de un proceso que benefició a intereses particulares.

Esta historia parecía sencilla. Un caso privado entre dos familias que aspiraban a explotar la mina de arena que está ubicada en Taguanes, municipio Falcón, terminó en una demanda contra el estado Cojedes. Convencidos de que hubo vicios e intereses particulares de por medio, la sucesión Belloso Bastidas introdujo un recurso de nulidad contra la primera de las concesiones mineras que firmó el ex gobernador antes de irse.

Como propietarios de la hacienda Las Abejas, los Belloso Bastidas reclaman -en el expediente 12.214- que Yánez Rangel y su equipo se saltaron el debido proceso, luego de otorgar la concesión de ese lugar en tan sólo cuatro días hábiles y a través del periódico Notillano, cuya circulación corresponde al estado Barinas en lugar de Cojedes.

Denuncian, además, que Alfredo D'Ascoli, abogado personal del propio Yánez Rangel, fue apoderado legal de la Procuraduría de Cojedes al mismo tiempo que representaba a la compañía beneficiada. "Estas circunstancias resaltan, en primer lugar, la connivencia y el contubernio existentes entre la empresa Materiales Taguanes, C.A. y la Gobernación del estado Cojedes para concretar el otorgamiento de la concesión", precisa el recurso de nulidad introducido por los propietarios del terreno.

"Contratos a dedo" A Alfredo D'Ascoli, abogado de Yánez Rangel, se le recuerda muy bien en Cojedes como el autor de los decretos zamoranos, que a finales de 2004 iniciaron las intervenciones de tierras en todo el estado. Fue a partir de esa experiencia que el Instituto Nacional de Tierras y otros organismos empezaron a pedir la titularidad de las propiedades agrícolas y mineras.

Su caso sirvió de precedente en todo el país. Ahora, sin embargo, a él también lo señalan entre los responsables de haber otorgado concesiones a dedo. El recurso de nulidad que introdujo la familia Belloso recuerda que ningún abogado puede representar a dos partes al mismo tiempo.

El documento es claro: los demandantes hablan de una componenda que estaba arreglada. Se trata de una situación que "origina una presunción seria, severa, grave, precisa y concordante, que conduce a concluir la existencia de un interés y una finalidad (...) constituida por el objetivo premeditado de otorgarle 'a dedo' a dicha compañía la concesión".

La otra cara Al otro lado de la moneda las cosas no son como parecen. Es al menos lo que pinta D'Ascoli. A quienes lo acusan de pagarse y darse el vuelto, les responde que la figura de "asesor jurídico externo de la Gobernación" no le impedía representar a cualquiera de las empresas beneficiadas con las concesiones mineras del estado. Aquí no ha pasado nada, concluye.

"Yo sólo asistí a la Gobernación en todo lo que responde al diseño jurídico del proceso de intervención de tierras", señala. "¿Quién mejor que yo, que soy un profesional en ejercicio, que defiendo la justicia social, que fui el redactor de los decretos zamoranos y de intervención de minas, para asistir a una empresa que necesita conocer el marco legal y sus derechos?".

El abogado de Yánez Rangel añade que no tienen nada de qué temer y dice que el nuevo gobierno les ha dado la razón. Aunque distanciados, el gobernador Teodoro Bolívar decretó el pasado 30 de junio en Gaceta regional la continuidad de las concesiones otorgadas en tiempos de Yánez Rangel. Es algo que destaca D'Ascoli para asegurar que no existen los conflictos de intereses, que lo señalan a él y a otros funcionarios.

Recuerda, por su parte, que en 1999 la Constitución obligó a los gobiernos regionales a administrar las minas de cada entidad, aunque se encontraran en una propiedad privada. "El Estado tiene la facultad de otorgar o no la concesión y ningún particular puede pretender cobrar regalías por los minerales que se encuentren en su propiedad", dice.

Jhonny en el banquillo D'Ascoli tiene respuestas para todo lo que le pregunten. Desde Caracas, asegura que ni él ni el gobierno de Yánez Rangel cometieron irregularidades en este u otros casos. En San Carlos, sin embargo, las cosas lucen diferentes: varios voceros regionales coincidieron esta semana en pedir que se investigue al ex gobernador y su equipo más cercano.

El Partido Socialista Unido de Venezuela apoyó las investigaciones contra Yánez Rangel. En rueda de prensa, los miembros del buró político de la región incluso declararon que, además de las investigaciones a Yánez Rangel, la Fiscalía Superior del estado también imputó a otros funcionarios involucrados en los expedientes 77-108-09, 77-109-09 y 77-110-09, que denuncian la pérdida de más de 17 millardos de bolívares de los de antes en obras y servicios del Instituto de Deportes, la Dirección de Hacienda y el Fondo de Desarrollo Agrícola del estado. "Caerán las cabezas que tengan que caer", prometió Yamilet de Barrios, miembro de la directiva regional del partido.

Las cosas han cambiado. Ahora resulta que Yánez Rangel y su equipo no son tan buenos. Es al menos lo que han estado declarando adversarios y camaradas en la prensa regional. El teniente coronel que el 4 de febrero de 1992 controlaba la Guarnición de San Carlos; el gobernador que repitió en 2004 con el apoyo de 56% del electorado de Cojedes, y el funcionario que hace dos años recorrió el hemisferio en una foto que lo mostraba junto al empresario Guido Antonini Wilson, ahora está en el banquillo de los acusados.

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