La brutal agresión contra doce periodistas de la Cadena Capriles significa una reedición de la política de terror del régimen contra la libre expresión del pensamiento, que el teniente coronel Hugo Chávez incluyó entre las razones "que nos obligaron a insurgir contra un gobierno devenido en tiranía", el 4 de febrero 1992. Entonces lo consideraba de "pivote de la democracia y del Estado de Derecho".

Para él, los agresores actuaron para defenderse "de unos periodistas que no actuaban como tales sino como militantes políticos que buscan provocar, para luego emplear cualquier respuesta defensiva en contra del Gobierno". Lo que significa una instigación a la violencia, ordenó a su seguidores "fortaleza, coraje y nosotros listos para enfrentarlos en cualquier terreno... tenemos que estar preparados para cualquier cosa".

Una burla significa la investigación de la fiscal general de la República, puesto que adelantó criterio al declarar que los agredidos "actuaron más como voceros políticos que como periodistas" y llegó a la desfachatez de pedirles lo que ética y moralmente debía hacer ella: renunciar a su condición profesional.

Otro descaro demuestra quien dejó de ser defensora del pueblo para convertirse en defensora del puesto, califica la bestial agresión como "un hecho coyuntural, una confrontación, un exacerbar las diferencias".

El ministro Alí Rodríguez Araque, el comandante guerrillero transformado en miliciano, aumenta la indefensión de los periodistas. Menos mal que antes de caer preso por subversivo llegó a la posición burocrática por demócrata y sumisamente emula al comandante en la acusación de "provocadores" a los agredidos comunicadores. También creemos convicción revolucionaria, y no defensa de sueldo a quienes afirman que no hubo atentado a libertad expresión.

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