Todas las televisoras, emisoras de radios y diarios del país deberán dejar de difundir los avisos que el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) lanzó contra el proyecto de Ley de Propiedad Social que estudia la Asamblea Nacional, pues un tribunal volvió a prohibirlos.

La información la suministró el Ministerio Público por medio de un comunicado de prensa, en el cual anunció que la decisión la adoptó la Corte de Apelaciones especializada en Violencia contra la Mujer de Caracas.

La instancia de alzada dejó sin efecto la decisión del Tribunal 2 de Control, Medidas y Audiencia de la capital, la cual el pasado 10 de julio rechazó ordenar la suspensión de la difusión de los avisos, tal y como se lo solicitó la Fiscalía, por considerar que los mismos no vulneraban las disposiciones de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

"Para proceder al enjuiciamiento de alguna persona, se requiere el requisito de procedibilidad de la acción como lo sería la denuncia de la mujer agredida en atención a la sanción que impone (...) por la presunta comisión del delito de ofensa pública por razones de género es pecuniaria", señaló en su oportunidad la jueza Rosa Margiotta Goyo.

No obstante, el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz insiste en que los avisos, en los que se observa a una mujer embarazada sin ropa y en el que se advierte que la eventual aprobación de la Ley de Propiedad Social pondrá en riesgo las propiedades de las familias venezolanas, denigra a las mujeres.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 15, tipifica como violencia mediática de género a "la exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente; que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación".

En julio un grupo de legisladores acudieron al Ministerio Público para solicitar que se investigara la procedencia de los fondos mediante los cuales Cedice financiaba la campaña contra la propuesta de ley, lo cual dio origen a este proceso.