Luego de escuchar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el jueves pasado, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, solicitó a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social que llevara esta semana a plenaria el proyecto de Ley Especial Contra Delitos Mediáticos para su aprobación en primera discusión.

Sin embargo, por ahora, este deseo no se materializará. El jefe de esa instancia legislativa, Manuel Villalba (PSUV-Monagas), admitió ayer que "existen divergencias" en la AN con respecto a la propuesta de Ortega Díaz. La falta de "consenso", entonces, abortó la presentación del instrumento legal.

"No hay un consenso en el seno de esta comisión, existen divergencias sobre esos aportes de la fiscal", subrayó el diputado.

Villalba negó que la responsable del Ministerio Público haya consignado un "proyecto de ley" integrado por 17 artículos. Según el ex dirigente de Patria para Todos, Ortega Díaz sólo ofreció ideas. Pese a esta afirmación, desde el jueves pasado varios diputados del PSUV tenían en su poder el articulado y cuestionaban su contenido.

Consultado sobre la posibilidad de que redacten una norma para regular la actividad de los medios, el asambleísta contestó: "No existe en esta AN ni en la Comisión la intención de regular a los medios".

Aunque juró que no se ocuparán de legislar en esta materia, el parlamentario sí anunció que promoverán un debate acerca del "terrorismo mediático". "No puede nadie arrogarse una patente de corso y pretender decir que la libertad de expresión no tiene límites", manifestó.

Sobran reglas Desirée Santos Amaral (PSUV-Caracas), miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, también expresó sus diferencias con Ortega Díaz y, poniendo como ejemplo al ministro Diosdado Cabello, llamó a aplicar las normas que ya existen para combatir los "excesos" de los medios.

"Tenemos suficientes mecanismos legales para garantizar el derecho del pueblo a estar informado oportuna y verazmente", sostuvo Santos Amaral. Para fundamentar su exposición, recordó lo establecido en la Constitución y el Código Penal vigente, que endureció los castigos por los delitos de difamación e injuria.

La pesuvista llamó a enfrentar "el mal uso de la libertad de expresión", abogó por "profundizarla sin impunidad".

Santos Amaral consideró urgente debatir sobre "el terrorismo a través de los medios y el establecimiento de matrices de opinión que crean tensión en el pueblo". Por último, invitó a analizar "la actitud de algunos dueños" que convirtieron a sus empresas en "partidos".

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