Según la doctrina desarrollada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la rectificación y la réplica son las formas idóneas para reparar los daños causados al honor de las personas, incluso la de los funcionarios e instituciones del Estado.

Sin embargo, en Venezuela pareciera que la tendencia es hacia el "escarmiento" en lugar de la reparación, según la percepción de Carlos Correa, director de Espacio Público.

"Hay casos en que los periodistas se han retractado públicamente o han ofrecido el derecho a réplica, pero aún así los afectados adelantan las demandas. Actitudes de este tipo hacen pensar que se busca escarmentar, porque la prisión no repara el daño... Es una suerte de venganza ", comentó Correa.

Entre estos casos figura el juicio que en el 2002 le siguiera a Ibéyise Pacheco el coronel Ángel Bellorín, por haber dicho en su columna de El Nacional, que su acusador había alterado la nota que sacó en la materia de Derecho Tributario. Aunque en este caso se produjo el derecho a réplica, la periodista fue juzgada y condenada a 9 meses de prisión.

La privación de libertad como sanción a este tipo de daño, es considerada por la CIDH como una regresión en materia de libertad de expresión, ya que "las leyes de privacidad no deben inhibir o restringir la información de interés público", señala la disposición 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

En este sentido, el organismo internacional, a través de sus informes anuales, ha exhortado, en vano, al Estado venezolano a adecuar su legislación penal a los estándares del Sistema Interamericano. Ello implica eliminar de los códigos Penal y de Justicia Militar, los delitos de vilipendio, ofensa a altos funcionarios, difamación, injuria y calumnia, entre otros.

En su lugar, se debe garantizar el respeto al honor de las personas, "a través de sanciones civiles, previa comprobación de la intención de dañar (real malicia) o conocimiento previo de la falsedad de la información o negligencia", dice la Declaración de Principios.

Para Correa, "es terrible que haya tantos periodistas procesados... Comparándolo con nuestro mismo proceso histórico, los delitos de opinión nunca habían alcanzado tal número de casos como tenemos ahora. Antes, el gran escándalo era un caso judicial en el año y eso generaba el rechazo absoluto de toda la gente y de todo el gremio. Eran casos que no respondían a una política estructurada en este punto de institucionalidad jurídica".