El campo exige seguridad rural y fronteriza: vigilancia, protección y respuesta enérgica policial, mili- tar y judicial contra secuestradores, "vacunadores", asaltantes, invasores de fincas y cuatreros.

El campo exige toquen a fin las invasiones e invasores de fincas; las expropiaciones, intervenciones y confiscaciones de fincas privadas. Que cese el uso abusivo e ilegítimo de la Fuerza Armada Nacional o de órganos de policía, para desposeer a los propietarios de fincas sin permitirles el derecho a la defensa legal y a juicio agrario. El campo exige cesen los controles de precios y cambiario que distorsionan la economía, favoreciendo las importaciones y a los importadores con dólares subsidiados al cambio oficial mientras el cambio permuta lo triplica y los insumos agrícolas se adquieren al cambio que fija la especulación.

El campo exige cesen las imposiciones oficiales de siembra y cultivo, de movilización y transporte de cosechas, insumos o productos, y todo tipo de restricciones a las actividades agrícolas y pecuarias que la discrecionalidad burocrática crea legal e ilegalmente.

El campo exige termine la discriminación por razones políticas de los agricultores y ganaderos a quienes se les niega el acceso al crédito oficial o los servicios públicos, y se les excluye de toda consulta pública.

El campo exige que el ente oficial de agricultura cumpla las funciones que le son propias y sea dirigido por funcionarios capaces en los oficios del agro y como tales merezcan el reconocimiento de los productores. No como los actuales legos en agricultura, dedicados a destruir la propiedad privada, sembrar de odios el campo y dilapidar el presupuesto agrícola.

El campo exige al Gobierno que no ayuda y lo acosa, le deje producir en paz. Sin inversión ni propiedad privada, la producción nacional de alimentos será más insuficiente.

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