Semanas atrás, la Juez Torres denunció valientemente haber recibido presiones para que decretara la prohibición de salida del país a Guillermo Zuloaga. Sus nerviosas declaraciones en televisión, evidenciaron a una mujer no formada en la política sino en el Derecho y les recordaron a miles de abogados (como a mí mismo) el deber ser de un juez imparcial.

Hoy, como en la mayor parte de nuestra historia, los militares meten sus botas en el TSJ, creando el paroxismo jurídico en que vivimos. Que a una juez le planten agentes armados en su tribunal, para forzarla a dictar una sentencia, es signo de una sociedad sin derecho. Lo más grave es que a pocos afecta este hecho, lo cual, sin embargo, es explicable. Las mayorías en nuestro país nunca han tenido acceso al Poder Judicial, para ellos no existió la Corte Suprema, como tampoco existe el TSJ y por ello, poco importa su independencia. Nadie defiende lo que no es suyo.

En un país con hambre, el que no haya jueces independientes es un mal intangible. Al fin y al cabo, la justicia es inasible, antipática en televisión, llena de formalismos decimonónicos y, en general, poco cercana a la realidad del venezolano. Para que el Poder Judicial sea democrático, hace falta dos condiciones: Independencia y accesibilidad. Nunca en la historia de Venezuela se han dado las dos condiciones de forma concurrente, por tanto, las instituciones como el TSJ no tienen arraigo ni validez social en el país y, en consecuencia, son frágiles ante los caudillos.

No hay libertad sin Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho sin Constitución y no hay Constitución sin jueces independientes. En tal sentido, la Juez Torres defendió nuestra libertad y, sin importar si es chavista o no (fuentes internas afirman que lo es), merece un reconocimiento. En sus declaraciones citó a Ulpiano: mi trabajo es "dar a cada quien lo que corresponde", afirmó.

Con ello nos recordó a los abogados que lo aprendido en la universidad no está perdido.

yon.goicoechea.lara@gmail.com