Conozco a muchas juezas penales. Han sido alumnas mías o las he tratado en asuntos estrictamente profesionales. Me consta que sus condiciones de trabajo son deplorables, carecen de personal, de espacio y de instrumentos hoy día imprescindibles para realizar sus tareas, pero, lo más grave, es su aislamiento, la falta de estímulo y el acoso de que son víctimas o la violencia que se ejerce sobre ellas en determinados casos. Y hablo de juezas, porque la mayoría son mujeres que comparten sus responsabilidades de hogar con las tareas de un oficio lleno de riesgos.

Algunas han sido expuestas al escarnio público por sus decisiones; otras han sido suspendidas o destituidas; y no han faltado casos de padecimientos en su salud, a consecuencia de las presiones del cargo. Por ello, prácticamente, por estado de necesidad, muchas se mantienen en sus cargos, viéndose obligadas a inhibirse o a tomar decisiones bajo amenaza. Por supuesto, no faltan las que se limitan a cumplir órdenes o a interpretar el "sentir de los tiempos", en asuntos de importancia política.

Independientemente de las presiones de opinión pública y de otros mecanismos de coacción, no es la primera vez que se impone elevar, como en otras ocasiones, una voz firme de protesta, sin que ello implique emitir opinión sobre el asunto de fondo a ser resuelto.

Ahora, corresponde hacerlo con motivo de las declaraciones públicas de la jueza Alicia Torres-Rivero, visiblemente consternada e indignada, quien ha denunciado, ante la colectividad, el acoso al que ha sido sometida a los fines de dictar una decisión previamente ordenada por instancias de poder, en el sentido de restringir derechos judiciales en un polémico proceso.

El drama de esta jueza no puede pasar desapercibido. No se trata, simplemente, de un caso aislado, ni de un incidente sin mayor trascendencia. El caso Torres-Rivero pone en evidencia a una justicia desasistida y maltrecha, en la que una modesta jueza del sistema penal, se ve coartada en el ejercicio de sus funciones por intereses ajenos a su misión.

Estoy seguro de que muchas juezas se verán identificadas con este lamentable asunto. No creo que haya una funcionaria judicial que no se haya visto en las circunstancias de la abogada Torres, optando por la inhibición, por un permiso para separarse de sus funciones o arriesgando su cargo por la decisión que en conciencia corresponde.

Situaciones como ésta no deberían repetirse. Independientemente del asunto de que se trata, sin duda polémico y presionado políticamente, es necesario que la denuncia de la jueza Torres-Rivero no caiga en el olvido, ni se resuelva con una jubilación forzosa. Sin justicia no hay Estado de Derecho, ni democracia, ni respeto a los derechos ciudadanos.

Ha sido valiente la jueza Torres-Rivero defendiendo su derecho a ejercer uno de los más nobles oficios: impartir justicia. Ha actuado con decisión y firmeza, reivindicando la condición de un juez y los valores que profesa por su formación familiar, como lo ha expresado. En Venezuela, no hacen falta leyes, ni códigos. Lo que hace falta son jueces dispuestos a sacrificar, inclusive, su cargo, por imponer el derecho y darle a cada uno lo que le corresponde, como decía la jueza Torres, recordando a Ulpiano.

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