"Son excusas para presionar a los canales y emisoras libres e independientes para que dejen de denunciar". Así lo afirma el abogado Oswaldo Quintana, quien descarta la posibilidad de que el Estado pueda hacerse con la mitad de la concesión otorgada hace 14 años a Globovisión, como lo propuso el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello.

"La operación la tiene la persona jurídica, no las naturales", aclaró el especialista, al tiempo que recordó que la propia Ley de Telecomunicaciones aprobada en 2000 estipuló un plazo de dos años para que el Estado actualizara los títulos de operación de las concesiones.

"Siete años después no pueden comenzar a presionar a Globovisión y a las emisoras de radio echando mano de que faltan documentos u otras razones formales porque ya todos se pusieron al día en 2002... Ahora no pueden decir que estaban mal operadas, porque entonces significa desconocer el proceso de transformación de títulos que ya se dio", comenta el abogado.

Quintana señala que la amenaza de cierre o el desconocimiento del régimen jurídico son mecanismos que violentan el ordinal tercero del artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dicta: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

Como ciudadano, Oswaldo Quintana opina: "Detrás de esto está el pretender tapar la realidad, quieren acabar con el mensajero para que no llegue el mensaje. Algo quieren tapar". arg