Quince días después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo celebrará la audiencia oral y pública por la petición de extradición que España hiciera sobre el presunto miembro de la organización terrorista vasca ETA, Ignacio Landazábal, el máximo juzgado aún no ha decidido cuál será la suerte del solicitado; y, por esta razón, su abogado defensor, Marco Antonio Rodríguez Acosta, reclamó un pronunciamiento.

"En este caso no hay mucho que analizar o investigar (...) La causa está prescrita, de acuerdo con la misma opinión que emitió la fiscal en la audiencia", afirmó el profesional del Derecho, quien agregó que el propio magistrado de la Audiencia Nacional española que pidió la entrega de Landazábal admitió, en su escrito, que "la última actuación ocurrió en noviembre de 1993; es decir hace más de 15 años, tiempo en el que según nuestra legislación prescribe la acción penal por el delito del que se le señala (homicidio)".

Rodríguez recordó que el Tratado de Extradición entre España y Venezuela establece claramente que si uno de los requisitos para pedir la entrega de una persona no se cumple, entonces la misma no procede.

Por último, el abogado aseveró tener informaciones, según las cuales, la demora del TSJ se debería a las presiones que el gobierno español estaría ejerciendo para lograra la entrega de Landazábal.