Las empresas de transporte público y de carga están cuidándose para no ser sancionadas por hacer publicidad móvil sin el permiso previsto en las normas del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

El método: tapar por completo los anuncios de las compañías que están en los vehículos que prestan el servicio mientras recorren las carreteras y autopistas del país.

Los mismos empresarios reconocen que lo de ser precavidos les vino tarde, considerando que los fiscales de Tránsito arreciaron las inspecciones desde hace cuatro meses. Las multas que están imponiendo son la principal razón que los impulsa a ser cautelosos.

Vale recordar que en agosto de 2007, el INTT publicó en la Gaceta Oficial 38.750 la Resolución N° 406 en la que establecen "crear la normativa que regule la colocación de anuncios publicitarios en vehículos que circulan por la red vial nacional".

El texto que regula la publicidad móvil en su artículo N° 4, señala que el presidente del organismo "tendrá a su cargo la suscripción de las autorizaciones para la fijación, instalación, colocación, conservación, ubicación, características, requisitos, retiro de los anuncios en vehículos, así como la coordinación, supervisión y evaluación de las autorizaciones".

En ese sentido, el INTT está facultado para conceder, negar, cancelar o revocar, con causa justificada, las autorizaciones de estos avisos publicitarios. La norma incluye a taxis, motocicletas, vehículos (no especifica si livianos) y vehículos de alto riesgo que transportan carga.

Estaba previsto que este reglamento entrara en vigencia a partir de un año tras su publicación en Gaceta.

El incumplimiento de esta normativa acarrea sanciones entre 500 y 1.000 unidades tributarias (entre BsF 27.500 y 55.000), dependiendo de la falta.

Según comenta Luis Chacín, director ejecutivo de la Cámara de Transporte del Centro (Catracentro), entre 5 y 10% de las 97 empresas afiliadas han sido sancionadas con multas de 500 UT.

Chacín dice que en algunos casos los transportistas han sido extorsionados por los fiscales. Agrega que policías municipales, estatales y hasta la Guardia Nacional están participando en estas inspecciones. Otra fuente consultada asegura que los funcionarios incluso decomisan la mercancía transportada.

Los entrevistados aseguran que existe desconocimiento y discrecionalidad en la aplicación de este reglamento.

Pero ésta no es la única norma que busca regular la publicidad. También en 2007 la Alcaldía de Libertador, a través del Sumat, publicó una ordenanza de impuesto sobre propaganda y publicidad comercial que rige para la exhibición de avisos tanto dentro como fuera de los comercios en esa jurisdicción.