El Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal 2° de Control en materia de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas que declaró improcedente la petición de suspender dos avisos publicitarios del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), en los cuales alerta sobre los riesgos del proyecto de Ley de Propiedad Social.

Los fiscales Luis Fernando Palmares, Jhoan Eljurys, Nelly Sánchez y Mayerlith Suárez solicitan que sea revocado el fallo y se admita la medida cautelar en aras de proteger a la familia venezolana.

En el escrito consignado ante la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer de Caracas el Ministerio Público alega que la juez, Rosa Margiotta Goyo, "no explica claramente la razón por la que adoptó tal resolución".

Adicionalmente, la defensora nacional de los Derechos de la Mujer, Neyla Ysturdes Morales, consignó unas consideraciones en las que no sólo apoyó el planteamiento realizado por la Fiscalía sino que también cuestiona la decisión del tribunal por "haber incurrido en formulismos jurídicos que, lejos de analizar el contexto más allá de lo legal, creó inseguridad y desasosiego".