La regulación del esquema de preventa y los controles a los precios de las casas usadas limitarán la oferta de viviendas.

En los últimos cuatro años, la demanda para la compra de soluciones se ha potenciado por las tasas sociales y los subsidios, pero la misma no ha encontrado respuesta, debido a que las unidades disponibles han sido insuficientes. Sin embargo, las medidas que se han ejercido así como las que vienen en camino tenderán a restringir más el mercado.

El pasado 10 de junio, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos de preventa, ante esa acción las empresas manifestaron que seguirán con los proyectos, aunque el ritmo de construcción será más lento. Para este año se preveían terminar 85.00 casas y esa meta se redujo a 35.000.

Por la incertidumbre que se registra en el mercado, las empresas que aún mantienen las preventas han visto mermar sus operaciones. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco Neri, indica que la demanda ha bajado. "Desde que se publicó la resolución se ha registrado lentitud en las ventas. Las personas ahora piensan más en adquirir una vivienda".

En este mercado primario se registran dos situaciones. La primera es que las empresas con contratos vigentes deben llegar a acuerdos con las familias para los pagos, y la segunda es que aquellos promotores que ya tenían los permisos para realizar las viviendas ahora tienen que calcular la inflación de 12 meses, lo que generará casas más caras.

Extensión La situación que se presenta en el mercado primario se extenderá al secundario.

El Ministerio de Obras contempla establecer los costos mínimos y máximos de los metros cuadrados. El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, explica que esa medida limitará más la oferta de viviendas y creará otro mercado, además que chocará con otras normas.

Indica que los que tengan inmuebles dejarán de venderlos, no ofrecerán una vivienda por debajo del valor de adquisición. Adicionalmente, aquellos que estén dispuestos a ofertar buscarán vías para negociar un valor acorde.

Orta explica que la acción incidirá en el aporte que se genera por el impuesto por la enajenación de inmuebles, que equivale a 0,5% del valor de la vivienda. Y más allá de la recaudación, la medida chocará con otras normas como la Ley de Sucesiones, que señala que para realizar la venta de una vivienda se debe tomar en cuenta el valor de mercado.

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