La arremetida contra los medios de comunicación privados, ahora enfocada en la radiodifusión, es una medida impopular que va a generar rechazo y tendrá consecuencia políticas, según advierte Carlos Correa, Director Ejecutivo de la ONG Espacio Público e investigador de la Universidad Católica. Correa analiza los anuncios hechos por el ministro Diosdado Cabello como un elemento que forma parte de una estrategia global (ley de delitos mediáticos, electoral, de educación) y señala la debilidad jurídica de las normas anunciadas contra los radiodifusores:"el presidente dijo que era un tema de renovación de permisos, como si las víctimas, en este caso los radiodifusores, fueran los victimarios porque estarían operando una serie de frecuencias sin permiso y eso no es cierto. Casi todas las emisoras tienen reconocimiento jurídico e incluso pagan impuestos.

-La acusación más seria es que en el país existe un latifundio radioeléctrico.

-Si eso es así que apliquen la ley de telecomunicaciones, según la cual una sola persona no puede ser propietaria de más del diez por ciento del espectro.De manera que todo esto no responde a una artimaña de carácter legal, sino a una estrategia política asociada a la intención de vulnerar la libertad de expresión. Por eso es importante que las propias radios expliquen a sus audiencias la naturaleza del problema, pues así podrán tener una mayor conciencia de lo que se persigue.

-¿Cuál es el status de las 240 radios y de los 45 canales de televisión comprendidos en los anuncios de Cabello?

-Todavía no sabemos cuáles son las estaciones que están siendo afectadas. Eso genera mucho nivel de incertidumbre y limita las posibilidades de que la gente se organice y pueda actuar. Frente a eso ya estamos informando a las instancias internacionales por qué no se trata de un intento de regulación legítimo sino un mecanismo para vulnerar las posibilidades de la libertad de expresión.

-¿Cuando se pretende intervenir en las cableras se estaría afectando las transmisiones de los canales fuera de la jurisdicción del estado venezolano? ¿Tendrían estos canales que transmitir las cadenas presidenciales?

-En el documento en consulta, conocido el pasado viernes, se plantea obligaciones a los canales con un porcentaje de producción nacional. Y esto tiene nombre y apellido: RCTV Internacional y Venevisión Internacional. Quizás esta última tenga un mayor volumen de producción en los EEUU, pero la producción de RCTV es, casi toda, de carácter nacional. El propósito es que estos canales transmitan las cadenas e incorporen a los productores independientes. Pero la cadena es una restricción ilegítima a la libertad de expresión porque obliga a todo el espectro radioeléctrico a transmitir un mensaje único. Así se censura la diversidad de mensajes. En toda América Latina no hay cadenas de la naturaleza y con la frecuencia registradas en Venezuela.

-La pretensión de regular las cadenas privadas, es decir, los circuitos radiales y de establecer un máximo de media horas a las transmisiones conjuntas, ¿no obligaría al gobierno a aplicar esa misma norma a las cadenas presidenciales?

-No sólo eso sino también los circuitos y cadenas en manos del estado. Los propios datos de Cabello señalan a Radio Nacional de Venezuela y otras estaciones oficiales en esa situación. ¿Será entonces el gobierno el único que pueda transmitir en cadena a nivel nacional? Con esto se trata de fragmentar la posibilidad de que otros sectores puedan llegar con un mensaje al conjunto del país. Por ejemplo, no se podrá transmitir en cadena los juegos de beisbol, los noticieros, los programas de opinión de carácter nacional. Se coartan, también experiencias de participación regional por parte de personas que tienen acceso, vía Internet o telefonía celular, a programas transmitidos por los circuitos.

-Si se quebranta el principio de los circuitos y se establece que no pueden pertenecer a ellos más de tres emisoras, ¿qué sentido tiene regular la duración de las cadenas si prácticamente los circuitos dejan de existir?

-Porque se quiere impedir el surgimiento de una nueva forma de transmitir noticieros y entonces aplican doble candado. Liquidan los circuitos porque una cosa es la propiedad de las estaciones y otra la conformación de cadenas con emisoras asociadas. Los datos de la Cámara de radio son claros: existen en el país 420 afiliados de un total de 900 estaciones y más de 300 propietarios. Eso demuestra que los circuitos no son propiedad de una sola persona o grupo, sino que se trata de alianzas de diversa naturaleza. Pero también, además de regular la propiedad, se pretende evitar la existencia de una mancomunidad para la emisión de un determinado programa.

-Si eso es así, ¿no resulta falsa la denuncia sobre el latifundismo mediático?

-Absolutamente falsa en el ámbito de la propiedad.Uno podría aceptar ciertas iniciativas de regulación, pero nunca esta barbaridad, además de todo lo mencionado, agrega un elemento más para impedir la presencia de anunciantes en las estaciones porque si uno de ellos quiere llegar a nivel nacional, debe entenderse con un número ilimitado de anunciadores.

-Si establecen todas estas regulaciones uno podría entender que no pretenden transferir la totalidad de las emisoras y canales a la red del estado, sino que podrán seguir funcionando, quizás con otros concesionarios y todas las limitaciones a las que has hecho referencia.

-Uno puede inferir esa posibilidad, pero entonces se generan otros niveles de incertidumbre. Si tienes 240 estaciones de AM y FM cuyas frecuencias, según dijo el ministro Cabello, se van a "recuperar", es decir, van a dejar de existir, entonces surgen varias preguntas: ¿cuánto tiempo será necesario para que se instale el nuevo concesionario?, ¿cómo será el procedimiento?, ¿habrá licitación o simplemente una transferencia?, ¿se le expropiará o confiscará los equipos a los antiguos concesionarios como hicieron con RCTV?

-¿Qué va a pasar con las audiencias?

-Si analizamos lo que sucedió con RCTV nos encontramos que hubo una recomposición de las audiencias. Por un lado aumentó la concentración de la audicencia en Venevisión y otros medios, pero se incrementó el número de suscriptores al cable para seguir viendo RCTV.

-Las audiencias consiguen

refugios para evitar el cerco, pero cuando el gobierno los detecta, entonces también ataca esos refugios, valga decir, el cable.

-Ese es uno de los fenómenos que se están evidenciando porque a pesar de la enorme plataforma comunicacional del gobierno, hay una escasa capacidad para generar relación con las audiencias. Carecen de niveles relevantes de audiencia. Y eso es así porque el problema no está en la propiedad del medio, sino en los niveles de audiencia. Como tú no me quieres ver u oír a mí, yo te quito lo que tú ves u oyes para limitar tu capacidad de escoger y así aumentar la posibilidad de que me veas u oigas a mí. Pero eso, en el caso de RCTV, no les funcionó y ahora acuden a una medida desesperada. Con la misma plataforma técnica los niveles de Tves no llegan al 3% cuando RCTV tenía 35% de share.

-¿No es esa la razón de la frecuencia inaudita de las cadenas?

-Así es. No se trata de la estrategia de la comunicación asertiva, sino de la impositiva: me ves porque me tienes que ver y punto. Claro, eso desnuda la incapacidad que tienen ellos para generar una relación con sus audiencias.

-El cerco se cierra, cada vez se hará más difícil confrontar la versión oficial de la realidad con la de los medios privados. La reducción progresiva, en los medios audiovisuales, a una sola visión de los hechos (la del gobierno), que rompe el contraste informativo ¿no puede provocar un cambio político en la actitud de los venezolanos?

-Es muy complejo el asunto. En el 2007, con el cierre de RCTV, la gente se reagrupó.

-¿Qué formas de reagruparse quedan ahora?

-Ese es el punto. Habrá que ver cuál es la regulación de las cadenas y cómo se reacciona frente a eso. Por un lado hay que rechazar la medida y por el otro ver cómo se establecen mecanismos para construir herramientas comunicativas. En todo caso, estas no son medidas populares y por tanto generan rechazo. Mucha gente se olvida que no sólo se está afectando la programación noticiosa o de opinión. Aquí se afecta el entretenimiento, los programas musicales, los deportivos y eso tiene un hondo impacto. Ya sabemos cómo se movilizó la población con el cierre de RCTV y las consecuencias que generó en lo electoral. La fiebre no está en los termómetros. Es una ilusión pensar que eliminando los medios eliminan el problema porque el malestar en la gente no lo provocan los medios sino otras causas.

-Con la experiencia de RCTV por delante, ¿qué podría ocurrir si se procede a la eliminación, confiscación, cierre o trasferencia masiva de medios audiovisuales?

-Es muy difícil ese cálculo porque aquí no hay un tejido organizativo, de músculo político y liderazgo que defina un curso de acción. Pero eso puede generar movilizaciones en regiones como los Andes, donde la gente establece vínculos estrechos con las emisoras de radio. No debemos olvidar que este es un medio afectivo que la gente siente muy cerca del corazón. Lo mismo ocurre con las televisoras regionales, que tienen un papel muy importante en darle visión a las dinámicas de la vida política cultural. Eso generará malestar, además de que está en juego la estabilidad laboral de 4 mil personas que trabajan en el medio radial, entre ellos 400 periodistas. Creo que habrá movilizaciones de calle y consecuencias políticas que dependerán de lo que hagan los actores que puedan capitalizar ese rechazo, cuyas consecuencias sólo se definirán con el tiempo.