AMENAZA DE CIERRE DE 240 EMISORAS DE RADIO


La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, ante las declaraciones públicas del gobierno nacional según las cuales ha anunciado el cierre de más de 240 emisoras AM y FM en todo el país, califica este anuncio como un atentado directo contra la libertad de expresión en Venezuela que terminará afectando a cientos de familias que viven de dichas emisoras, pero principalmente a mas de 27 millones de venezolanos que reciben entretenimiento, educación e información, a través de estos medios de comunicación que operan con apego a la Ley y a la Constitución de la República.

La radio en Venezuela es esencialmente democrática, prueba de ello es que la Cámara de la Industria de la Radiodifusión afilia a 414 emisoras AM y FM, operadas por más de 300 prestadores de servicio de diferente identidad, de las más diversas procedencias y corrientes de pensamiento y miles de productores y locutores. Esto ha permitido que se garantice a través de sus transmisiones la pluralidad de ideas y el pleno ejercicio de la Libertad de Expresión en Venezuela.

Las emisoras de radio son la voz del pueblo en cada región, ellas se hacen eco de los problemas más sentidos de la sociedad, tales como: inseguridad, desempleo, corrupción, vivienda, salud y servicios públicos. Así, la radio se constituye en un poderoso instrumento de expresión de todos los ciudadanos.

De conformidad con nuestra Constitución; con la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y muchos otros tratados que obligan a la República, la Libertad de Expresión es un derecho humano fundamental cuyo ejercicio sólo puede concretarse en la medida en que existan medios de comunicación al servicio de todas las corrientes del pensamiento.

Por ello, la amenaza de cierre masivo de emisoras de radio implica una violación directa a nuestra Constitución, y a los acuerdos y tratados internacionales, y así lo denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional.

En efecto, carece de fundamento invocar una "ilegalidad" generalizada de la operación de las emisoras de radio cuando, los radiodifusores miembros de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión han cumplido todos los trámites exigidos por CONATEL a partir del año 2000, para adecuarse a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. CONATEL ha reconocido los derechos, la legalidad y la legitimidad de los radiodifusores, de quienes incluso durante años ha recibido el pago de impuestos por sus actividades; ha realizado inspecciones y fiscalizaciones sin objeciones; y se ha reunido reiterada y oficialmente con los radiodifusores reconociéndolos formalmente como tales, además de haberles remitidos numerosas comunicaciones escritas en su condición de operadores.

Se ha anunciado el inicio de procedimientos masivos de revocatoria de concesiones o de permisos para operar, lo que de concretarse dejaría fuera del aire a casi el 40% de las emisoras del país, sin que haya ninguna norma que soporte estas medidas extremas, repentinas, inconstitucionales y desproporcionadas.

Además, el sentido de Responsabilidad Social, nos obliga a destacar que de concretarse esta amenaza, más de 5.000 familias venezolanas perderán sus medios de sustento. Las pequeñas y medianas empresas de radio emplean numerosas personas incluyendo operadores, locutores, personal técnico, administrativo y obrero, quienes pasarían a ser desempleados. Esta medida afectará también a unos 200 periodistas, a más de 1.500 productores nacionales y a 27 millones de venezolanos.

La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión hace un enfático llamado para que no sea cerrado ningún medio de comunicación, sino más bien que se abran nuevos espacios que permitan el desarrollo armónico del sector en beneficio de todos los usuarios.

EL DIRECTORIO NACIONAL 

JUEVES, 09 DE JULIO DE 2009