Nadie puede ni debe apoyar un golpe de Estado aun cuando sus objetivos sean plausibles. El uso de la fuerza, incluso moderada y sin derramamiento de sangre, no justifica la violencia para la toma del poder porque se está desconociendo la voluntad popular y violando las normas civilizadas de hacer política. Siempre hay y si no lo hay se deben buscar, a como de lugar, mecanismos democráticos que permitan los cambios políticos en paz y con reconocimiento pleno de la decisión mayoritaria. Por todas esas razones y muchas más casi todos los gobiernos del mundo han condenado el golpe de Tegucigalpa.

Una vez dicho esto podemos analizar lo ocurrido en Honduras, donde estaba en progreso una intervención descarada e ilegal por parte del gobierno venezolano para imponer un modelo político que se encuentra en las antípodas de la democracia. A estas alturas resulta un lugar común señalar que el golpista del 2F y del 27N ha desarrollado una franquicia, si se quiere ingeniosa y difícil de combatir, para establecer un régimen de naturaleza totalitaria donde las libertades van siendo liquidadas progresivamente. El guión es archi conocido porque ya lo aplicaron aquí ante una mitad del país que se resiste a ponerse de rodillas y se debate, en medio de la violencia, el caos y la arbitrariedad, dispuesto a no dejarse sojuzgar por un déspota cuya máscara democrática hace tiempo fue desechada en nombre de una presunta justicia social que sólo favorece a los ladrones de su entorno.

La exportación de la revolución funciona en Bolivia y en Ecuador, pero se trancó en Honduras. Allí le tomaron la medida a la estratagema de un Presidente que se cambió de camiseta (de la derecha a una presunta izquierda chavista) y no les resultó difícil prever lo que venía : convocatoria a una constituyente (a como de lugar y violando la Constitución), construcción de una presunta mayoría con el uso abusivo y fraudulento de los recursos del Estado (venezolano) y aprobación de una nueva constitución que provee al títere en funciones de mandatos prolongados o permanentes y el establecimiento de un marco jurídico negador de la democracia.

Eso, que ocurre en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, fue abortado en Honduras bajo métodos ciertamente condenables. Pero así como el señor Insulza se rasga las vestiduras, al igual que Chávez, quien reprueba con falsa indignación lo que ha sido una constante en su comportamiento, tanto la OEA como los gobiernos del mundo deberían condenar y sancionar a un régimen que ha venido dando un golpe de Estado continuo al desconocer la voluntad de 800 mil venezolanos que eligieron alcalde a Antonio Ledezma, que persigue con saña enfermiza a Manuel Rosales y pretende liquidar a medios de comunicación críticos y libres de su mordaza. Ese también es un gorila que, en su caso, salió de excursión y cayó en Honduras.

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