Durante la reunión a puerta cerrada que sostuviera Hugo Chávez con su homólogo brasileño, Lula Da Silva, pero cuya conversación fue escuchada a través de los audífonos de traducción simultánea, el presidente venezolano le comentó, en tono de humor, que había intentado convencer a Emilio Odebrecht que abrazara la causa socialista, pero éste la rechazó con un no rotundo.

El personaje aludido por Chávez es el presidente de la constructora Odebrecht, una de las más grandes de Brasil, y una de las más favorecidas por al Gobierno bolivariano en la asignación de contratos de las obras más importantes en el haber de la revolución.

En esa misma reunión, Hugo Chávez, al confesar que en Venezuela se lleva adelante un proceso de nacionalizaciones de empresas, le dio garantías a Lula de que las brasileñas "no serían tocadas".

A diferencia de las políticas que aplica Chávez en Venezuela, el socialismo de Lula ha puesto en primer plano la expansión de las industrias privadas más importantes de Brasil, abriéndoles mercados y exportando tecnología, especialmente en la alianza con Venezuela. Cada reunión cumbre a la que asiste el mandatario brasileño va respaldada por una importante comitiva de empresarios. De esa manera la gestión de Lula ha facilitado el camino para que Brasil se convierta en una de las economías más sólidas del mundo y la primera de Latinoamérica.

Venezuela, en un sentido totalmente opuesto, ha emprendido el camino de la estatificación, abandonado por el continente desde la década de los 90. Inmersa en la propuesta socialista del Gobierno, en los últimos diez años, la capacidad industrial del país se ha reducido en una tercera parte y somos el país más inflacionario del continente.

Según refiere el economista José Guerra, en 1936, del total exportados por Venezuela, 9,0% correspondía a bienes distintos al petróleo.Setenta y dos años después, en 2008, de todos los productos que el país vendió al exterior, apenas 6,5% fueron artículos diferentes al petróleo, representados por acero, aluminio y ciertos productos petroquímicos.

El costo de las expropiaciones Venezuela habrá de pagar por todas las expropiaciones que ha realizado, la cantidad de 8.567 millones de dólares. En esta cifra no se incluyen las 74 contratistas expropiadas en la Costa Oriental del Lago ni 80% de las fincas invadidas en todo el territorio, ya que en su mayoría no se ha definido el valor de las mismas y desde luego no se han cancelado.

Este monto es prácticamente equivalente al total de los ingresos (9 mil millones de dólares) que por la renta petrolera entraron al fisco en el primer trimestre del año en curso. La data recopilada por el director del Centro de Investigaciones Económicas (Cieca) Franklin Rojas Penso, está basada en los montos anunciados por el Gobierno y los acuerdos en los casos en los que se ha llegado a un valor final.

Este inmenso gasto no ha servido para aumentar la infraestructura industrial y empresarial del país o generar nuevos empleos ya que se trata sólo de un cambio de propietario y no de nuevas inversiones en el país. Pero por otra parte, muchas de esas empresas ahora convertidas en "Empresas de Producción Social o "socialistas" han registrado números rojos convirtiéndose en un carga adicional para el Estado, que se ve obligado, o bien a reinvertir para mantenerlas operativas, o subsidiar las pérdidas que algunas de ellas comienzan a registrar.

En momentos en que el país sufre una caída de los ingresos petroleros, el Gobierno venezolano ha tenido que acudir a la ayuda internacional para compensar el déficit presupuestario. Tal es el caso de China a la que se le solicitó un préstamo de 4 mil millones de dólares y de Brasil (750 millones), para lo cual se realiza un reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública que permite al país endeudarse poniendo como garantías bienes y renta de la Nación.

Propiedad privada y pública La etapa que vivimos actualmente la define la consultora Hinterlaces en su monitor sociopolítico del mes de junio como de "ideologización" del proceso o radicalización de la revolución. Pero esta etapa al mismo tiempo se caracteriza por una crisis fiscal del "Petroestado" y una pérdida de la influencia en el liderazgo del Presidente con los valores y demanda de la mayoría de los venezolanos.

Entre las acciones de ese proceso de radicalización, dice el informe, están las tendentes a "anular y someter a la empresa privada venezolana". En ese contexto, el proceso de expropiación ha registrado en el último semestre un aumento sustancial con un monto de más de 4 mil millones de dólares que corresponden a 1.050 millones de dólares por el Banco de Venezuela, 1.970 MM$ por Sidor y 819 MM$ por las cementeras de las transnacionales Holcim y Lafarge.

A esto se hay que agregar el desembolso pendiente por las 74 contratistas de la Costa Oriental del Lago, Cerámicas Carabobo, la planta de alimentos de Cargill, 6 compañías en la zona de Guayana dedicadas al negocio de briquetas y tubos sin costura, y se está a la espera de las decisiones de las expropiaciones en arbitraje internacional como son los casos de Exxon, Cemex y Conoco.

Pero una cosa es el discurso y otra la realidad. Según aprecia el economista y profesor de la UCAB, Gustavo Rojas, las pocas obras emblemáticas que puede mostrar la revolución no han sido precisamente realizadas por empresas públicas sino por consorcios privados.

Por ejemplo está el caso de la emergencia que se generó con la caída del viaducto Caracas-La Guaira en el año 2006. Allí fue necesario dar una respuesta eficiente y para ello se le adjudicó la obra del nuevo viaducto de 800 metros de longitud al consorcio venezolano Precomprimidos de Venezuela, que en un tiempo récord de 15 meses entregó la obra, más la vía de contingencia que fue necesario habilitar para permitir una salida de la capital.

Luego está el segundo puente sobre el Orinoco cuya obra fue asignada a la brasileña Odebrecht con una longitud de 3.156 metros de longitud, cuatro canales para vehículos y una línea férrea. El tercer puente también asignado a Odebrecht, más las obras del Metro de Caracas y Los Teques.

A parte de estas obras están varios embalses como el Guapo, que fue construido por el consorcio brasileño Carmargo Correa, al cual también le fue asignado el proyecto Tuy IV. La autopista de oriente "Gran Mariscal de Ayacucho", en la que participan varios consorcios: Construcciones Vialpa S.A, Construcciones Yamaro C.A., Consorcio Miranda 21 y Consorcio Vial Oriente.

Los números rojos rojitos La lista de empresas que no logran salir a flote es larga, encabezada por Sidor y las empresas de aluminio de Guayana. La Electricidad de Caracas reportó pérdidas por 300,9 millones de bolívares fuertes, contrastando con la utilidad de Bs F 130 millones, registrados en 2007. Arnaldo Poleo, representante de los accionistas minoritarios de la empresa, informó que en 2006 se pagaron dividendos de Bs F 7, 7 por cada 100 acciones, en 2007, Bs F 7,8 y en 2008, ya estatificada la empresa, cayó a Bs F 1,51 por cada 100 acciones. Entre las explicaciones dadas por el Gobierno está el aumento en el costo de la mano de obra, los aportes de la empresa a programas sociales y nuevas inversiones.

Una de las más emblemáticas ha sido el caso de Invepal, el propio presidente de la cooperativa que maneja la empresa estatizada en el año 2005, Ramón Lagardera, alertó que la empresa arrastra pérdidas de 72 millones de bolívares fuertes.

La caña de azúcar, que ha sido bandera en la política agrícola del Gobierno, según los números de Fesoca y Fedeagro la producción ha caído 15%. De los 9,65 millones de toneladas producidas en la zafra 2005-2006, se redujo a 8,22 millones de toneladas para la zafra 2007-2008. Mientras que la superficie cosechada se redujo 14%, de 130.000 hectáreas en 2005-2006 a 112.000 en 2007-2008.

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