La "información técnica" de las patentes autorizadas en el país estará en la página web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y cualquier persona podrá "hacer uso de ellas", según informó el organismo en una nota de prensa.

"Todas las personas pueden acceder a la página web, ir al área de consultas y realizar la búsqueda que necesiten. Esto es de gran importancia porque así los venezolanos pueden modificar y mejorar las nuevas tecnologías que se van desarrollando", dijo Arlene Piñate, directora general del SAPI.

De acuerdo con el texto, la decisión se tomó para "eliminar la exclusión que implica el sistema de patentes". El pasado domingo en el programa Aló Presidente, Hugo Chávez aseveró que había que debatir sobre la propiedad intelectual y las patentes. "Las patentes para nosotros no pueden ser un encadenamiento ni una trampa".

Tras solicitarle al tren ejecutivo estudiar el tema y hacer recomendaciones, el mandatario anunció que había autorizado a Eduardo Samán, ministro de Comercio, a "hacerle unos cambios" al sistema de patentes "para iniciar un proceso de cambios que debe llevarnos, incluso, al tema jurídico, a las leyes".

Orlando Viera Blanco, abogado especialista en propiedad industrial, afirmó que la decisión del SAPI es "un golpe de Estado" al sistema de patentes. "Por orden del Presidente se acaba de derogar el derecho a las patentes y a la propiedad industrial."

Asimismo, calificó la medida como "inconstitucional" porque violenta derechos sancionados en la Carta Magna. En este sentido, destacó el artículo 98 que establece que "el Estado reconocerá y potegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia".

Para Viera Blanco, el SAPI abandonó sus funciones como protector de estos derechos para convertirse en promotor de la "reproducción ilegal" de los inventos que poseen patente.

"Esto es muy grave, es una transgresión, es la promoción de un conocimiento que está bajo reserva".

El abogado también expresó que al no garantizarse los derechos de explotación para creaciones que suponen años de investigación e inversión, se originará en el país una "cadena de desinversión."

"La consecuencia inmediata es que el proceso de instalación tecnológica se detiene y queda a merced del Estado".

Según cifras extraoficiales, anualmente se registran 20.000 marcas y 1.200 patentes.

Se veía venir La incertidumbre en materia de propiedad industrial se remonta a 2006. Ese año el Presidente anunció la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y colocó en un limbo jurídico el registro de patentes, marcas, y diseños industriales, ya que estos se regían por la Decisión 486 de la CAN, denominada Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Los criterios del organismo supranacional predominaron hasta septiembre de 2008 cuando el SAPI ordenó -mediante un aviso de prensa- la vuelta a la Ley de Propiedad Industrial de 1955, que prohíbe patentar medicamentos, así como cualquier producto farmacéutico.

El pasado 27 de mayo el Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial (Covapi) introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra ese texto legal.