En Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Siderúrgica del Orinoco se presenta la mayoría de los casos de criminalización de las protestas laborales, según se desprende del número de casos abiertos ante los tribunales del país en contra de trabajadores que ejercían manifestaciones.

Los procesos judiciales en el holding estatal afectan a 27 trabajadores de áreas operacionales en Oriente y Occidente, así como a los que se desempeñan en Gas, Petropiar, la refinería El Palito y Gas Comunal.

Los seis trabajadores que fueron detenidos recientemente de esta última empresa enfrentan el cargo de boicot previsto en la Ley de Acceso a Bienes y Servicios, delito que plantea una pena de prisión de seis a 10 años.

En Sidor son 25 los trabajadores que están sometidos a régimen de presentación semanal, quincenal o mensual ante los tribunales, a la espera de la concreción de un juicio por haber protestado por mejores reivindicaciones laborales.

En la actualidad las instancias judiciales tienen abierto un total de 91 casos contra trabajadores, que en su mayoría son dirigentes sindicales.

Normas de peligro La reforma al Código Penal de 2005 actúa conjuntamente la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y ahora con la Ley de Acceso a Bienes y Servicios como normativas que al final criminalizan la protesta sindical, tal como lo ha alertado Provea en sus últimos informes anuales.

En el caso del código, se castiga con prisión de cuatro a ocho años a quienes obstaculicen las vías de circulación, pero además excluye a los condenados por esta causa del derecho a gozar de los beneficios procesales de ley y a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena, según su artículo 357.

Por su parte, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación ordena prisión hasta por 10 años a quienes realicen movilizaciones cercanas a prácticamente todas las sedes del Gobierno, de las empresas básicas, guarniciones militares o aquellas que puedan afectar los servicios públicos.

La Ley de Acceso a Bienes y Servicios prohíbe el boicot y al mismo se le considera como aquel desarrollado por personas que directa o indirectamente impidan la producción, importación, acopio, transporte, distribución o comercialización de bienes declarados de primera necesidad.

La OIT preocupada La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está profundamente preocupada por las discriminaciones laborales por razones políticas que se llevan a cabo en la administración pública, así como en las empresas y organizaciones estatales.

Así consta en el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del organismo en el que se refiere específicamente a los casos de la lista Tascón que, según la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), se continúa aplicando.

Asimismo, la situación en el sector militar por obligar a los soldados a gritar la consigna "patria, socialismo o muerte". La OIT señala que, aunque en Venezuela los militares no están protegidos por las leyes laborales, los convenios internacionales sugieren lo contrario.

La presión para inscribirse en el Psuv también fue incluida como una denuncia en el informe de la comisión, al igual que el condicionamiento en el acceso al empleo a la adhesión ideológica al que fueron sometidos varios actores en la Villa del Cine.

También se incluyó por séptimo año consecutivo el despido de los trabajadores de Petróleos de Venezuela durante el paro y consecuentes discriminaciones por motivos ideológicos.

La Comisión urge firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para investigar las alegaciones sobre prácticas de gestión de personal en el sector público que discriminan a los trabajadores en razón de su opinión política, incluyendo a Pdvsa, y a terminar con tales prácticas", indica el informe en el que la OIT exige al gobierno venezolano proporcionar informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas al respecto.

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