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Lucro alimenta las invasiones

Los terrenos invadidos se dividen en lotes que venden entre BsF 5 y 15 mil

En las faldas del Parque Nacional El Ávila constantemente se experimenta una nueva invasión. Cifras extraoficiales hablan de mil 110 casas instaladas en los últimos cinco años (Venancio Alcázares)
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DELIA MENESES |  EL UNIVERSAL
lunes 8 de junio de 2009  12:00 AM

Todo indica que pueden reincidir. Por eso, el consejo comunal de Lomas del Ávila decidió tomar sus previsiones y activó un plan para frenar otro intento de invasión en la zona residencial.

Primero sonarán los pitos y las cacerolas. El paso siguiente debe ser la presencia inmediata de los miembros de la comunidad en el espacio amenazado.

Hace un mes se activó la alarma en Lomas del Ávila cuando 200 familias intentaron invadir un terreno de la urbanización pero fueron desalojadas a tiempo por la Alcaldía de Sucre.

En la zona industrial de Palo Verde los ocupantes ilegales actuaron más rápido. En un área que conecta con el sector La Fénix levantaron 20 ranchos a los bordes de una quebrada.

Hace dos semanas la amenaza llegó a los vecinos de Baruta. Un grupo de invasores obstruyó la autopista Prados del Este, a la altura del distribuidor Santa Fe, para reclamar un terreno cercano a Las Minas donde se instalarían 628 familias, pero las autoridades de la Alcaldía impidieron la toma.

En El Hatillo, la comunidad exige que se reprima a tiempo las intenciones de invadir un terreno en la avenida El Paují donde hay indicios de que se preparan para improvisar viviendas.

Los vecinos de Caricuao lograron que la Fiscalía levantara un informe sobre todas las invasiones de la parroquia sin que esto se tradujera hasta la fecha en ningún desalojo.

Aunque el discurso de las autoridades municipales de Caracas apunta a no tolerar que se produzcan nuevas ocupaciones, las invasiones siguen creciendo. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) calcula que hay en toda la ciudad unas 800 tomas ilegales donde viven más de 3 mil familias.

Los habitantes de las residencias Terrazas de El Paraíso, que tienen más de tres años luchando para que los invasores de la Cota 905 sean desalojados, denuncian el llamado mercado negro de las invasiones: grupos que se especializan en invadir terrenos, que evalúan y miden la zona antes de ocuparla, y que luego venden los espacios a familias necesitadas.

Para establecer el precio se considera el tema de la ubicación y que tan accesible está a la carretera. "Un lote pequeño puede costar BsF 5 mil y de una invasión puedan sacar hasta 200 lotes dependiendo del tamaño del terreno", explicó Roberto Orta Poleo, directivo de Apiur. Traspasando 100 lotes, los promotores de las invasiones, obtienen ganancias de entre BsF .300 mil y 500 mil, por cada sector usurpado. En El Junquito siguen vendiendo los terrenos a un costo entre BsF 12 y 15 mil.

Algunos de los que lideraron la invasión en Terrazas de La Vega vivían en la zona y sin embargo promovieron la toma como forma de negocio, comenta Orta. Además de esta especie de mercado negro que rodea a las ocupaciones ilegales, la impunidad con la que actúan las bandas organizadas le abona el terreno al delito. "No se procesa a los líderes de las tomas como establece el Código Penal y por eso reinciden en el delito".

El tema policial preventivo es a juicio de Apiur lo que más está fallando. "Las invasiones son un delito tipificado en el Código Penal. Por eso los funcionarios policiales y la Guardia Nacional están obligados a prevenirlas sin que sea necesario la presencia de un fiscal porque se está cometiendo en estado de flagrancia", explica Orta.

En la prevención está la clave, pues desalojar es muy oneroso. En La Vega se necesitaron 800 funcionarios policiales.

"Cada año son 100 mil familias nuevas las que están demandando viviendas en el país", comenta Jesús Torrealba, de la asociación civil Radar de los Barrios. El coctel se torna explosivo cuando se mezcla con las cifras de viviendas construidas.

"En la década de los 80 y 90 se construían entre 90 mil y 100 mil viviendas por año mientras que el promedio del gobierno actual es de 34 mil unidades anuales".

Para Torrealba, la solución de fondo no está en una legislación que prohíba las invasiones o en la actuación policial sino en proveer al ciudadano de los recursos técnicos, profesionales y financieros para desarrollar sus respuestas habitacionales considerando que históricamente "el actor más eficiente en la construcción de viviendas en el país no ha sido el Estado ni la empresa privada sino la propia gente".

De acuerdo con el censo de 2001, de 5.2 millones de viviendas ocupadas, "3.7 millones fueron construidas por la gente de los barrios".

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