Una primera apreciación sobre lo que pudiera valer el sufragio en la Venezuela de nuestros días conduciría a un estruendoso escepticismo. Sólo con considerar el desprecio de la voluntad popular en el caso de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, pero también el asalto de bienes y atribuciones de las gobernaciones de Miranda y Carabobo, así como el acoso grosero de la gestión del nuevo gobernador del Táchira, electos por una mayoría digna de atención y condenados por el mandón a ser borrados del mapa porque no responden a sus planes de hegemonía, remitiría a una situación de desprecio de los electores capaz de sugerir la obligación de olvidarse de concurrir a los llamados a los cuales deben convocarnos en el futuro. ¿Para qué votar, si el Gobierno desprecia olímpicamente los escrutinios? ¿Conviene ilusionarse otra vez con el llamado de los candidatos de la oposición y hacer fila como unos idiotas ante las mesas, para que el Gobierno, después de ignorar los resultados, los reemplace a través de subterfugios cobijados en disposiciones sin legitimidad? Si se agregan al oscuro panorama las sospechas fundadas sobre manipulaciones del registro electoral, los gastos desenfrenados del régimen para promover a sus ungidos y para apabullar las nominaciones de la colectividad que se le opone, todo con la vergonzosa complicidad del CNE, los consejos de la dignidad nos llevarían a enclaustrarnos en nuestros domicilios mientras votan los rojos-rojitos.

Pero la situación no es tan simple. El voto forma parte de la conciencia cívica desde cuando demostró su utilidad durante el trienio adeco, o cuando le dio una gloriosa bofetada a Pérez Jiménez en 1952 para obligarlo a convertirse en un dictador sin careta; o en nuestros días, durante la estelar jornada del 2D, capaz de conmover a la mandonería hasta el punto de llevarla a los desatinos que hoy entorpecen su camino hacia una autocracia redonda, en la medida en que la exhiben como la negación de un principio fundamental de la democracia al cual se han apegado los venezolanos desde los tiempos agónicos del posgomecismo. Aparte de las referencias aludidas al principio, un solo ejemplo pudiera bastar para el cálculo de lo que vale el voto, debido a cómo pone en evidencia al chavismo y lo obliga a repensar su carrera de dominación. En las pasadas elecciones regionales los electores repudiaron en términos sonoros a tres figuras estelares del régimen: Diosdado Cabello, Jesse Chacón y Aristóbulo Istúriz. No van más, se les dijo, hasta aquí llegaron, salen del juego porque no los queremos ver ni en pintura. Pero allí están, siguen campantes como si nada hubiera pasado, de nuevo en la cúspide, no sólo gobernando a sus anchas sino también tratando de ponerle zancadillas a las decisiones del pueblo. ¿Qué sucede con esos proverbiales predicamentos? Son demasiado elocuentes, demasiado burdos, brutales en su obscenidad, hasta el punto de que el Gobierno no encuentre cómo ocultarlos frente a la ciudadanía, o busque la manera de evitar desafíos tan riesgosos para su reputación.

De allí que, luego de calcular el arraigo del voto en la sensibilidad de los venezolanos, después de considerarlo como una incomodidad que no puede superar del todo sin caer en un abismo de completo descrédito, esté buscando el mandón, con el solícito auxilio de la Asamblea Nacional, la manera de colocarlo a plenitud a su servicio a través de mecanismos que parezcan legales mediante ardides que lo relacionen con la normalidad democrática, con fórmulas capaces de disimular en los actos electorales del futuro un designio dictatorial de vocación vitalicia. El mandón quiere que el voto valga según los dígitos de su inventario personal, pero que su cálculo cuente con el previo aval de los legisladores. Así, cometidas otra vez las tropelías, no será tan burdo el remiendo del capote. Quiere que los diputados, desde ahora, sin prisas innecesarias, tomen dedal y aguja para la confección de una especie de zurcido invisible que le evite comparaciones con un tipo tan deplorable como Pérez Jiménez o, mucho peor, con las maneras electorales de Cuba con cuyas restricciones no congenian los usos políticos de Venezuela. Tal es el propósito del Reglamento Electoral que vienen trajinando los "representantes del pueblo" para cercenar derechos esenciales como la representación proporcional de las minorías y como la obligación del mantenimiento de prerrogativas y oportunidades iguales para cada uno de los sujetos postulados a cargos públicos, y para quienes los postulan. En el centro del trajín se encuentra el asunto medular de la trascendencia del voto popular y de la necesidad de mantenerlo, aunque sea como coartada. Los decepcionados electores de la oposición no deben subestimar este punto, cuyo tratamiento, tal y como lo maneja el Gobierno, demuestra la calidad del arma letal que tienen en la mano.

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