Ayer se cumplieron dos años de la salida del aire de la señal abierta de Radio Caracas Televisión (RCTV) y Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, denunció -al recordar la fecha- que "con su discurso del odio, el régimen activa sus fuerzas ilegítimas de ataque". "La opresión arrecia", acotó.

No obstante, Granier destaca la actitud que ha mantenido la planta televisiva. "Hemos demostrado que resistir no es imposible, que a la fuerza bruta se le impone la inteligencia, talento y razón, somos un ejemplo para Venezuela y eso nos compromete y obliga a seguir por el difícil camino de la dignidad", indicó.

Pero la alternativa de la televisión por cable que tomó Radio Caracas para seguir llegando a los hogares venezolanos y mantenerse en el negocio no parece ser un nicho 100% seguro. La posible sanción de parte de la Asamblea Nacional de una ley que regule esta actividad podría apagar de forma definitiva la pantalla del otrora canal dos.

"El Gobierno quiere regularlo todo. Es parte de la política de estos regímenes totalitarios", dijo Granier.

"Hace dos años hubo intereses comerciales, medios de comunicación que se aliaron con el Gobierno pensando que ese 41% de sintonía y de facturación que Radio Caracas tenía se la podían repartir tranquilamente. Yo no descarto que esté ocurriendo algo parecido. A lo mejor están buscando también la cuota de participación que RCTV tiene en el mercado de televisión por suscripción", dijo Granier.

El presidente de las empresas 1BC destacó que los tribunales nacionales no han hecho nada sobre los recursos que tiene pendientes la televisora para que le devuelvan la señal abierta y los equipos de transmisión. Informó que introdujeron una solicitud ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que informe el estado en el que están los mismos.

Parafraseando al escritor Noam Chomsky, quien declaró que si un canal apoyara un golpe de Estado en Estados Unidos sus propietarios serían ejecutados, Granier aseveró: "Estoy seguro de que en Estados Unidos, si un militar da un golpe de Estado en el que mueren centenares de ciudadanos inocentes, no hubiera sido sobreseído y habría sido condenado a la máxima pena".