En los primeros noventa días del año 155 venezolanos perdieron su vida a manos de agentes policiales en presuntos enfrentamientos o fueron ajusticiados sin piedad.

La información la suministró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa En sintonía con el Ministerio Público, que todos los viernes transmite Radio Nacional de Venezuela (RNV) y en el que reveló que su despacho ha abierto 10.858 investigaciones por violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas por funcionarios del orden público, entre enero de 2008 y marzo de 2009.

Tras precisar que durante el primer trimestre 50 policías fueron privados de su libertad por estar vinculados con algún hecho de sangre, la garante de la legalidad indicó que a lo largo del año pasado se registraron 600 casos de ajusticiamiento, por los cuales 74 uniformados permanecen tras las rejas y 22 ya han sido condenados por los tribunales correspondientes.

Ortega Díaz también informó que Caracas, con 168 casos entre enero de 2008 y marzo pasado, es la entidad que registra el mayor número de vulneraciones al derecho a la vida por parte de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

De los otros derechos violados La fiscal general indicó que en los últimos 15 meses 10.103 investigaciones se abrieron por delitos como lesiones, abuso de autoridad, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tortura o desapariciones forzadas, de las cuales 5.641 fueron resueltas, aunque sólo 22 uniformados terminaron siendo arrestados preventivamente, mientras que 2.032 casos fueron sobreseídos y 2.655 más fueron archivados.

Ortega Díaz indicó que estas cifras justifican su propuesta de la Unidad Criminalística, instancia que se encargará de procesar a los policías incursos en delitos contra las garantías fundamentales, pues evitará la contaminación y protección de las que hoy gozan los funcionarios por parte de sus colegas.

Por un nuevo Código Por segunda semana consecutiva la jefa del Ministerio Público reclamó de la Asamblea Nacional que apruebe un nuevo Código Penal, que recoja las más de 70 leyes que en la actualidad establecen delitos y sanciones.

"Algunas veces, los fiscales para realizar una calificación ante un hecho punible en flagrancia, empiezan a leer los hechos y resulta que tienen el Código Penal, la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, Ley de Drogas, pero resulta que ese día no tienen la Ley contra los Delitos Informáticos, y no la tienen a la mano, por lo que para la flagrancia los fiscales tienen que irse cargados con un cúmulo de leyes", ejemplificó.

Por último, la funcionaria indicó que un nuevo Código no sólo acabará con la actual dispersión legislativa, sino que unificará criterios y eliminará normas en desuso que todavía permanecen en la legislación, tales como los delitos de devastación o el atenuante de duelo para los casos de homicidio.