|
compartir
|
"Ley de Propiedad Social": nos afecta a todos
GUILLERMO GARCÍA |  EL UNIVERSAL
domingo 10 de mayo de 2009  05:04 PM

El anteproyecto de la Ley de Propiedad Social que se evalúa en la Asamblea Nacional para su eventual aprobación, es una ley que de ser aprobada en los términos allí planteados, tendrá un efecto muy perjudicial no solo para los empresarios, sino para todos lo venezolanos, independientemente de su condición económica. El anteproyecto de Ley de Propiedad Social indica que aquellos bienes e infraestructuras que "no satisfagan las necesidades reales de la población o no se correspondan con el modelo productivo" podrán ser expropiados por el Ejecutivo Nacional. En la práctica, el anteproyecto de Ley de Propiedad Social expone a la eventual expropiación a toda actividad productiva estratégica que no esté en manos del Estado, pues el I Plan Socialista de la Nación 2007-2013 indica que "el Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social".

La propuesta de Ley de Propiedad Social da un giro de 180 grados a la orientación del Gobierno con respecto a sus primeras propuestas de conducción de la economía, plasmadas en el "Programa Económico de Transición 1999-2000", al inicio del primer período de gobierno de Chávez. En aquel entonces, el Ejecutivo Nacional anunció un programa económico que pretendía "superar en un plazo perentorio la crisis económica y social, y diseñar una estrategia que reactivara la economía en condiciones de estabilidad sostenida", lo que particularmente lograría disminuir los efectos destructivos surgidos de los tradicionales ciclos de crecimiento y recesión de la economía. Ese documento señalaba que la reactivación económica permanente pasaba por "el impulso a la actividad privada y el respaldo al desarrollo de las cadenas productivas y a los proyectos privados", destacando que se concedía "carácter prioritario a la política de privatización, como una palanca del redimensionamiento del Estado y de promoción de la iniciativa privada".

Posteriormente, en el plan de la nación 2001-2007 se planteaba que "el nuevo modelo que surgirá de la expansión de los sectores productivo y de servicios estará vinculado con el marco de una gestión pública destinada a crear condiciones macroeconómicas propicias, para fortalecer las fuentes de ahorro y promover la inversión pública y privada en los sectores estratégicos". Sin embargo, desde 2005 se inicia la transición gubernamental hacia una economía apuntalada por la presencia del Estado como regulador y como agente económico dominante. Se da inicio entonces a las empresas de cogestión (Estado-trabajadores), que resultaron en un total fracaso por la ineficiencia en la gerencia, malos manejos y en el cumplimiento de los objetivos de transferencia accionaria a los trabajadores. Esto llevo a que este esquema fuese suspendido por el Gobierno en 2008 por considerarlo "inviable". De igual forma, el modelo económico sustentado en cooperativas sin ningún control, derivo en otro fracaso, por lo que el gobierno decidió no poner énfasis en esta forma de estructura económica y de desarrollo.

A este cambio del modelo económico de los inicios de gobierno se agregan ahora: las expropiaciones de haciendas productivas, nacionalizaciones de empresas de servicios (Cantv, Electricidad) y compañías cementeras, acerias hasta un banco, y posiblemente se incluyan las empresas de servicios a la industria petrolera.. La concepción del socialismo del siglo XXI que se quiere implementar ahora, incluyendo leyes como la Ley de Propiedad Social, crea un clima de fragilidad empresarial tremenda no solo para cualquier empresa, sino para cualquier ciudadano con propiedades susceptibles a expropiación. Este proyecto de ley no ayuda en nada al desarrollo de la inversión en el país, por el contrario, siembra incertidumbre entre inversionistas y los propios ciudadanos, que pueden ver en riesgo sus activos y pertenencias ante decisiones unilaterales y discrecionales del Ejecutivo Nacional. Este tipo de proyectos de ley, que en el fondo tratan de tener un fin social y de beneficio, terminan siendo contrarios al fin buscado y se convierten por tanto en un inhibidor de la inversión y la generación de empleos, todo lo opuesto a lo que en un principio se buscaba que era el beneficio colectivo. Por ello, este proyecto de Ley debe ser revisado en su conjunto, ya que en los países donde ha sido implementado ha resultado en un total fracaso y la destrucción de la propiedad privada y la producción. Al final tanto los empresarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto sufrirán las consecuencias de esta ley de economías fracasadas.

Asesor de Inversión
finanzasaldia@gmail.com
Con Información de Ernesto Tovar del Universal



Más artículos de esta firma

|
compartir
|
¡Participa!

Envíanos tus comentarios
Para escribir tus comentarios en las notas, necesitas ser usuario registrado
de EL UNIVERSAL. Si no lo eres, Regístrate aquí
correo (obligatorio)
clave (obligatorio)
Ingresar
El Universal respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.
ESPACIO PUBLICITARIO
Síguenos desde:
clasificados.eluniversal.com Estampas
Alianzas
clasificados.eluniversal.com Estampas