Por considerarlas contrarias a los principios fundamentales de la Constitución, los decanos de Derecho de ocho universidades nacionales rechazaron la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización y la aprobación de la Ley Especial del Distrito Capital.

En una declaración que emitieron tras concluir su XXV reunión, celebrada en Maracaibo (Zulia), los catedráticos fustigaron la modificación que permitió al Gobierno central recentralizar las competencias en materia de gestión de puertos, aeropuertos y de las carreteras y autopistas, las cuales estaban en manos de las gobernaciones.

"La forma federal del Estado venezolano, así como el principio y mandato constitucional de descentralización, se oponen a tales decisiones", afirmaron los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del Zulia, Católica Andrés Bello, Monteávila, Santa María, Carabobo, Fermín Toro, Metropolitana y de Margarita, Diana Romero, Jesús María Casal, Eugenio Hernández, Inocencio Figueroa, Juan José Ramos, Pablo Chiossone, Rogelio Pérez Perdomo y Marisela Prieto, respectivamente.

En el escrito los juristas desestimaron el argumento oficial, según el cual la reversión de las competencias estaría permitido en el principio de colaboración entre las distintas ramas y niveles del Poder Público. "La coordinación con el Ejecutivo nacional establecida por la Constitución no autoriza una supresión de las referidas competencias estadales", replicaron.

Asimismo, cuestionaron la creación de la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital y que se le transfieran a esa autoridad, designada por el presidente de la República, funciones y recursos del Distrito Metropolitano de Caracas.

"Esta determinación legislativa vulnera el carácter electivo del gobierno de todas las entidades políticas de la República, el principio y mandato constitucional de descentralización y la voluntad popular que encomendó al actual alcalde metropolitano el ejercicio de tales competencias y la administración de esos recursos", agregaron los expertos.

Preocupación por la justicia Los decanos también criticaron la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema de Justicia, por considerar que afectará "la independencia de los tribunales".

El texto crea una comisión que estará integrada por representantes de cuatro de los cinco poderes públicos, la cual se encargará de diseñar las políticas en materia de formulación y ejecución presupuestaria y de formación de los funcionarios de los órganos de administración de justicia.

Asimismo lamentaron que la participación ciudadana "haya quedado circunscrita a lo que la ley denomina órganos del Poder Popular, concepto este ausente de la Constitución y que suele ser invocado con una connotación que excluiría a las universidades, a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y a otras organizaciones de la sociedad".

Siguiendo en el ámbito judicial, los catedráticos se refirieron al uso de los tribunales para perseguir a adversarios políticos del Gobierno y exigieron ponerle fin a esta situación.

"Toda persona, sin distingo político alguno, tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o en la determinación de sus derechos u obligaciones", recordaron.

Por último, pusieron la lupa sobre la reestructuración del Poder Judicial decretada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en marzo pasado y aseveraron que la misma no contribuirá a mejorar la confianza en los jueces, pues la misma "pone en entredicho la estabilidad de todos" ellos.

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