Estas aguas son profundas. El problema es que la mayoría de los ciudadanos parece no saber cuánto. Se trata del uso cada vez más frecuente de organismos policiales, dedicados legalmente a la protección ciudadana, para la ejecución de acciones y órdenes con intenciones políticas.

De estas actuaciones, en las que se han visto involucradas la Policía Metropolitana y la Policía de Libertador, pueden dar fe varios funcionarios de la Alcaldía Metropolitana. Y es que ellos han sido unos de los principales afectados. En enero vivieron el secuestro y posterior detención de Víctor Carrillo, secretario de Cultura; en Semana Santa sufrieron la toma de la Corporación de Servicio, y días más tarde, el mismo Antonio Ledezma sufrió la persecución de un grupo de PM luego de acudir al Consejo Nacional Electoral.

Para Ledezma, el delito está más que claro. "Están usando las policías municipales como policías políticas, como lo fue en el pasado la Digepol", dice el alcalde metropolitano, quien recuerda el caso del director de la Policía de Libertador, comisario Renny Villaverde, quien aseguró tener órdenes de no tocar a los invasores del cine Rialto, en el momento que se ejecutó la detención del director de Cultura.

Para expertos en la materia como el criminólogo Fermín Mármol León, con este tipo de acciones se está desvirtuando la labor de los cuerpos de seguridad del Estado y los municipales. Explica que de acuerdo con las leyes y reglamentos, la PM y Policaracas deben cumplir una labor preventiva del delito.

"Los altos índices de criminalidad se han disparado, es una realidad que no se pueda ocultar. Hay una delincuencia implacable y asesina que se debe enfrentar y a los organismos de seguridad les corresponde esa función primordial. Si por alguna circunstancia se usan las policías para practicar detenciones de tipo político, se desvirtúan las funciones específicas de los organismos de seguridad y la gran necesidad que tiene la familia venezolana de lograr la seguridad", explica Mármol León.

En casos específicos como la persecución que denunció Antonio Ledezma en la avenida Libertador luego de su visita al CNE, Mármol León opina que los funcionarios estarían violando sus funciones, salvo que demuestren que estaban protegiendo al alcalde. Agrega que a menos que exista la orden de un tribunal o algún organismo con capacidad, este tipo de actuaciones pueden ser calificadas como "abuso de autoridad".

Por su parte, el politólogo Ricardo Sucre asevera que esta serie de sucesos dejan claras las intenciones de evitar que los alcaldes y gobernadores de oposición tengan una gestión de gobierno. A la lista de actuaciones contra la Alcaldía Mayor el especialista agrega la toma que hicieron efectivos de la Guardia Nacional en los ambulatorios del estado Miranda, "para cumplir una imposición política".

Sucre teme que aquellos cuerpos de seguridad que en teoría deben dedicarse a la protección ciudadana se pueden convertir en un brazo político y represivo para ejercer decisiones políticas. "En el momento que atentan contra funcionarios legítimos que no ejercen la línea del Gobierno ya dejan de ser policías y se convierten en cuerpos represivos que se amparan en la legalidad que les dan unas leyes y el uniforme", dice Sucre.

Tanto Mármol León como Sucre advierten de los peligros que se corren al no denunciar este tipo de acciones, por lo que recomiendan a las autoridades y a la ciudadanía hacer uso del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de los tribunales para manifestar los abusos.

"La sociedad tiene que protestar democráticamente y denunciar si siguen los abusos. Estos caminos hay que transitarlos para que las instituciones cumplan con las funciones señaladas en las leyes y en los reglamentos de las municipales", apunta el criminólogo.

A largo plazo los efectos de la actuación ilegal de los cuerpos de seguridad municipales pueden tener graves consecuencias, según vislumbra Sucre: "Se crearán cuerpos represivos que se visten de instituciones legítimas y que contribuyen a crear un apartheid en la ciudad, una ciudadanía de segunda, con una política urbana represiva y una ciudad con una suerte de muros de Berlín simbólicos", detalla.

Y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, la situación resulta aún más preocupante si se rescatan las estadísticas del Cicpc para el 2008. Tan sólo en un año en el Distrito Metropolitano se cometieron 44.884 delitos, de los cuales 2.415 son homicidios.

"Es un doble sentimiento, porque nos sentimos abandonados pero a la vez perseguidos. La Policía Metropolitana debería estar detrás de los que roban, asesinan y violan en los barrios de Caracas, no persiguiendo a los líderes de un sector de la población", señala Sara Palacios, de Caucagüita, quien asegura que ni siquiera se atreve a buscar atención médica en las noches por temor a la violencia.

Mientras historias de este tipo se repiten a diario en toda Caracas, Sucre considera que los ciudadanos y los líderes políticos deben participar y protestar contra las ilegalidades. Dice que con la firma de peticiones, foros y blogs "los ciudadanos pueden dejar constancia de estos abusos".