La cronista iniciaba el relato sobre la agenda de la destrucción emprendida por Elías Jaua y sus secuaces del INTI, cuando la televisión mostró a las puertas de la AN a numerosos estudiantes con tapas de inodoros en abierto simbolismo del lugar donde, a través de la Ley de Transferencia de Bienes del Distrito Metropolitano, la rapiña oficial lanzó los más de 700 mil votos que elegirían a un Alcalde Mayor para que sí recogiese la basura, redujese la criminalidad y trabajase a favor de los ciudadanos y no de la obsesión por instaurar el modelo cubano y eternizarse en el poder como Fidel. Este saqueo de los bienes metropolitanos es un adelanto de la expoliación masiva de la que seremos víctimas los venezolanos a través de la Ley de Propiedad Social mediante la cual el Estado puede apropiarse de cualquier bien privado que no represente "una actividad productiva satisfactoria". (¿Habrá algo menos "satisfactorio" que el fracaso y la corrupción de este gobierno?) Por si fuera poco las exitosas orquestas sinfónicas juveniles pasarán a manos de "las comunas" y de un solo plumazo el dedo barinés ordenó la creación de cien fundaciones listas para hacer desaparecer a las ONGs que velan por nuestros derechos ciudadanos.

El ministro contra la propiedad de las tierras (experto en lanzar molotovs en Las Tres Gracias valido de su camuflaje con capucha) esta semana ha dado un fuerte impulso a la destrucción de la agricultura venezolana con la "intervención" de 49 haciendas productivas en tres estados. Su afán depredador se volcó en la centenaria Hacienda Santa Teresa, en el estado Aragua, fundada en la primera mitad del siglo XVIII. El 14 de marzo de 1818 el Libertador dicta su célebre proclama ratificando la abolición de la esclavitud desde la tierra de "Santa Teresa". A fines del siglo XIX la hacienda pasa a ser propiedad de la familia Vollmer, en cuyas manos ha seguido hasta ahora. El fundador de la familia, Gustavo Julio Vollmer, casó con Francisca Ribas y Herrera, sobrina del general en jefe José Félix Ribas, y prima hermana de los Ustáriz Palacios, de los Ribas Palacios y de Simón Bolívar Palacios, "el Libertador". Por más de 200 años los Vollmer han cultivado la caña de azúcar e innovado su producción. Desde 1955 la vieja hacienda se transforma en una empresa moderna, productora en la actualidad de azúcar y del extraordinario ron Santa Teresa, orgullo de Venezuela y admirado mundialmente. La presente generación de los Vollmer ha hecho prosperar la empresa (Chávez alabó en Rusia el ron Santa Teresa que hoy su gobierno pone en grave peligro) y ha puesto en marcha seis proyectos de inversión comunitaria, entre ellos la admirable iniciativa Alcatraz (2003). Al ser capturados quienes atracaron al jefe de seguridad de la Santa Teresa, los Vollmer les dieron la alternativa de elegir entre ir presos o pagar su pena con trabajo no remunerado durante tres meses. Aceptaron y poco después pidieron la incorporación del resto de la banda. Hoy Alcatraz es una alternativa de reinserción social de los jóvenes con problemas de conducta, que deberían haber copiado las espantosas cárceles venezolanas. Los Vollmer no han antagonizado al gobierno y han estado presentes en Miraflores cuando Chávez invita a los empresarios que él califica de "amigos".

Pero nada, ni nadie parecer escapar de la furia depredadora del régimen dispuesto a cumplir la sentencia de Giordani de que el "socialismo" ( o comunismo a la cubana) sólo es posible con una pobreza generalizada. El 20 de abril el INTI intervino un amplio sector de la Santa Teresa porque "no reunía los requerimientos mínimos de productividad". Y eso lo dicen quienes no han sido capaces de producir un kilo de azúcar en los 10 años de confiscaciones e invasiones. ¿Por qué el ministro Jaua no publica la lista de latifundios intervenidos por el MAT que se encuentran en plena producción, como preguntaba esta semana Reporte de la Economía? La respuesta huelga: no hay un solo fundo productivo. Jaua anuncia el traslado "hacia estados vecinos" de los sembradíos de caña de las haciendas Santa Teresa y El Palmar usados para fabricar el ron y, en su lugar, plantar allí hortalizas, leguminosas y tubérculos "con la participación de los comités agrarios rojo-rojitos". Serán afectadas 50 mil hectáreas en plena producción. La asociación de cañicultores de Aragua y Carabobo califican la intervención de ilegal. Más de 700 productores quedarán en la ruina.

La guadaña depredadora llega también hasta los caballos de carrera. De todos, menos los costosos corceles del hermanísimo de un ministro. Por ahora, claro está. Porque de la agenda de la destrucción nadie se salva mientras permanezcamos paralizados por el miedo y cobardemente silenciosos. No se salva ni la familia de el Libertador (como nos dijera un querido amigo de quien tomamos prestado el título).

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